Tlaxcaltecas de 18 años y más percibe como inseguro al Estado ya que del 40.1 por ciento en el año 2012, aumentó al 52.1 % en 2013
Las fracciones opositoras al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local presentaron la Ley de Recompensas del Estado de Tlaxcala para la prevención de la Delincuencia, propuesta que fue presentada por los diputados del PAC Evangelina Paredes y Serafín Ortíz Ortíz, del PT Silvano Garay Ulloa, del PRD Santiago Sesín Maldonado y Refugio Rivas Corona de MC.
En primera lectura con iniciativa de proyecto de Ley por el que se crea la Ley referida, el jurista Serafín Ortiz Ortiz detalló los alcances de la referida iniciativa ya que las políticas criminales más exitosas en el mundo han sido aquellas en las que el Estado ha logrado la participación de la ciudadanía en su diseño y ejecución.
“Una manera de participación es la denuncia y aportación de datos que ayuden a la autoridad ministerial al efectivo combate a la delincuencia; sin embargo, dicha participación muchas veces implica consecuencias en sus personas, en la de sus familias o en sus bienes”, resaltó el diputado.
Además puntualizó que la recompensa instaurada en México desde el 2006 en la PGR; “es un modo de incentivar a la ciudadanía a denunciar hechos o para que aporte datos verídicos que auxilien al eficaz, eficiente y oportuna integración de averiguaciones, captura de probables delincuentes y el rescate de víctimas”.
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El ex rector de la UAT asentó que la política pública de seguridad y procuración de justicia del gobierno federal; “tiene como propósitos fundamentales la reducción de la violencia; el combate a los delitos de manera señalada, aquellos que más vulneran a la sociedad; como son el homicidio, el secuestro y la extorsión”.
Sin embargo, también precisó que hoy la sociedad civil no sólo tiene nuevos espacios para expresar sus denuncias y colaborar en acciones sociales, sino también para participar activamente en el diseño, evaluación y seguimiento de la política pública; “no se trata solamente de tener su participación y de hacer que esto se acredite en una buena retórica. Los avances que se tengan en materia de seguridad y la participación de la sociedad, a través de distintos mecanismos que se tienen ya claramente definidos, serán también medibles, serán evaluables”
Detalló además, que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del 2013 (ENVIPE), que presenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala estimaciones sobre la victimización de los principales delitos del fuero común, estimando que 32.4 por ciento de los hogares del país tuvo, al menos, una víctima de delito durante 2012.
Agregó el diputado que a pesar de que la entidad se encuentra entre los cinco estados más seguros del país de acuerdo a las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; “el porcentaje de población de 18 años y más que percibe como inseguro al Estado de Tlaxcala pasó del 40.1 por ciento en el año 2012, al 52.1 por ciento en el 2013”.
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Ortíz Ortíz, justificó que la iniciativa que presentó consistente de 27 artículos; “tiene como objetivo dotar de más instrumentos a las autoridades de nuestro Estado para el combate real efectivo y eficiente contra la delincuencia y para la prevención del delito”.
En la referida Ley se establecen como principios ocho ejes rectores; “Respeto a los derechos humanos; Integralidad, Intersectorialidad y transversalidad; Trabajo conjunto; Continuidad de las políticas públicas; Interdisciplinariedad; Diversidad; Proximidad y Política Criminal Encubierta”.
Sin embargo, para la entrega material de las recompensas a las personas autorizadas en la misma Ley, serán nombradas por el Gobernador del Estado, de manera secreta y reservada a un Consejo Ciudadano integrado por tres personas de reconocido prestigio, honorabilidad y probidad, que se renovará escalonadamente cada año, para dar continuidad a las políticas del programa de recompensas que se instaure.
Además la misma Ley dejará en manos del Procurador General de Justicia del Estado, determinar los casos susceptibles de recompensa y para emitir los acuerdos específicos de ofrecimiento a la ciudadanía.
No obstante, para proteger a los ciudadanos que participen con su denuncia se dispone que la información proporcionada se mantendrá bajo la más estricta reserva y confidencialidad de conformidad con las disposiciones aplicables; “en ningún caso y bajo ninguna circunstancia se dará a conocer el nombre o datos de identificación de la persona que proporcione la información. La violación a esta prohibición se sancionará con pena privativa de libertad de diez a veinte años de prisión”.
Mientras que para el pago de la recompensa; “no procederá el pago de recompensa para quienes tengan relación con la víctima en los términos que establece el proyecto, ni ser beneficiarios los miembros o servidores públicos las Fuerzas Armadas; de las Instituciones de Seguridad Pública; y de Instituciones de Procuración o Administración de Justicia”.
El diputado aliancista destacó que la referida Ley, será aplicable únicamente para delitos calificados como graves en el Código de Procedimientos Penales de Tlaxcala y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez que éste entre en vigor.
Las recompensas que se paguen en términos de esta Ley serán provistas del Fondo de Protección a las Victimas de los Delitos y Ayuda a los Indigentes Procesados en el Estado de Tlaxcala; así como de los recursos económicos provistos por el Gobierno del Estado, organizaciones sociales y particulares que así fueran destinados.
Las autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley son: El Gobernador del Estado; El Procurador General de Justicia del Estado; El Consejo Ciudadano; y el Consejo Técnico.
De aprobarse la iniciativa, el Titular del Poder Ejecutivo emitirá dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la presente Ley, los reglamentos, manuales de operación y disposiciones complementarias para la adecuación de esta ley, concluyó el legislador.