Políticos marcados por procesos penales y escándalos se adhieren a su campaña.
Ofrece combatir la corrupción, pese a que el líder de su tribu, René Bejarano, pisó prisión por ese motivo.
El equipo de campaña de la candidata del PRD a la gubernatura de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, está completo y dijo: “Gracias amigos por refrendar su apoyo. Juntos haremos un buen Gobierno sin pretextos”.
Sin embargo, cada uno de estos personajes que se adhirieron a su campaña arrastra un pasado oscuro.
Víctor Cánovas Moreno fue coordinador de asesores del ex gobernador Héctor Ortiz Ortiz, ligado al empresario poblano David Taylor Torres, cuya firma, Painco S.A., fue beneficiada en el sexenio pasado.
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La referencia es importante porque Taylor Torres es dueño de la constructora DAP, involucrada en el accidente que causó la muerte de 32 personas en la Sierra Negra poblana, cuando la empresa no cortó adecuadamente el cerro que sepultó un camión de pasajeros en el que viajaban estudiantes y padres de familia.
Cánovas también está vinculado con el gobernador Rafael Moreno Valle, y llegó a ser integrante del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla, donde tuvo que renunciar como consejero tras evidenciarse que participó en eventos del PAN en Nayarit y Tlaxcala para impulsar la relección de Gustavo Madero como dirigente nacional del partido.
Otro personaje marcado por el escándalo es Daniel Herrera Murga, ex secretario de Turismo en el sexenio orticista, quien fue señalado por hacer de la Feria de Tlaxcala el negocio de sus más cercanos. Como presidente del Patronato no dejó archivo alguno del estado de las finanzas y del patrimonio de este organismo al final del pasado sexenio.
Cabe recordar que Lorena Cuéllar pertenece a la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), que encabeza René Bejarano, el señor de la ligas, quien fue desaforado y pisó la cárcel por el escándalo que desató un video en el que mostraba cómo el entonces líder perredista de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y colaborador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, recibía grandes fajos de billetes de manos del empresario Carlos Ahumada, en sus oficinas de la empresa Quart.
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El hecho ventilado en marzo de 2004 causó ámpula entre la clase política, pues destapó una red de corrupción al interior del Gobierno del Distrito Federal, encabezado por López Obrador, mal que ahora la candidata a la gubernatura de Tlaxcala por el PRD se compromete a combatir a cabalidad.
En tanto, Alberto Amaro Corona -uno de los principales operadores de la campaña de Cuéllar Cisneros-, fue aprehendido en febrero pasado debido a que contaba con un mandamiento judicial en el estado de Puebla por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Resulta que, en enero de 2012, Amaro le disparó a la altura del rostro a una persona que lo sustituyó como representante de la Organización de Comerciantes del Tianguis de Tepeaca, situación que dejó al agraviado en estado de coma.
El ex dirigente estatal del PAN, Sergio González Hernández, también formó parte del gabinete orticista: primero como titular de la Secoduvi y luego como titular de la Segob, como parte del pago de facturas y con pésimos resultados, beneficiando a su familia.
El alcalde de Tetla, Javier Hernández Mejía, es tristemente célebre por usar la banda presidencial en el evento del 15 de septiembre de su primer año de gestiones, al igual que el edil de Atlangatepec, Sergio Fajardo Mateos, quien se negó a retirar la estatua de San Juan Bautista, también denominada como “El Peregrino Más Grande del Mundo”, de la laguna de la demarcación, a sabiendas de que violaba la normatividad.
Ricardo Amaro Ramírez fue presidente interino de la CEDH, en cuya gestión fue acusado de malversación de recursos por casi 1.9 millones de pesos, principalmente por evasión fiscal, gastos no comprobados, transferencias a cuentas personales, expedición indebida de cheques y otorgamiento de bonos sin autorización del consejo.
El torero Rafael Ortega Blancas fue candidato a Presidente Municipal de Apizaco por el PRI. En 2013, el Tribunal Electoral Federal echó abajo el resultado, tras constatar irregularidades en la elección constitucional, en tanto que Claudia Pérez Rodríguez era cercana de la senadora con licencia, Adriana Dávila Fernández, hasta que la hoy candidata a la gubernatura favoreció a Juan Corral Mier en la lista plurinominal para diputado federal sobre ella, que había tenido más respaldo de la militancia en la contienda interna.
José Abel González Sánchez, esposo de Minerva Hernández Ramos, fue ex director general del Cobat en el sexenio de Alfonso Sánchez Anaya, con un paso gris e intrascendente.