Reportaje publicado el miércoles 23 de abril, en la página de la red social Facebook “Tlaxcala Vs la Trata de Personas”
Reportaje publicado el miércoles 23 de abril, en la página de la red social Facebook “Tlaxcala Vs la Trata de Personas”
La candidata panista a la gubernatura de Tlaxcala, Adriana Dávila, se ha visto involucrada con personas que afrontan denuncias por trata y, al mismo tiempo, ha protagonizado varios enfrentamientos contra activistas que desde la sociedad civil combaten este delito.
En febrero de 2014, Alejandra Gil Cuervo fue detenida por el delito de trata de personas tras ser denunciada por dos de sus víctimas.
En marzo de 2015, la mujer que controló durante más de 30 años Sullivan, una de las zonas de prostitución más grandes de la Ciudad de México, fue sentenciada a 15 años de prisión.
Durante años, Gil se hizo pasar por una activista en pro de los derechos de las trabajadoras sexuales.
Con este disfraz, la tratante, semanas antes de su detención, fue invitada al Senado a las mesas de trabajo de las reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas de estos delitos, reformas lideradas por Adriana Dávila.
¿Por qué Adriana Dávila ni nadie de su equipo tuvo el cuidado de averiguar los precedentes de sus invitados? ¿Cómo es posible que una tratante haya emitido su opinión como “experta” en un foro del Senado sobre la Ley que debía castigarla?
En abril de 2014, Milenio Diario dio a conocer un audio que vinculaba a Dávila con Gil. Al respecto, en los periódicos a nivel nacional aparecieron textos como éste:
El audio de la conversación telefónica entre la Senadora Adriana Dávila Fernández y la Diputada Federal por Tlaxcala Leonor romero Sevilla, revela la forma de expresarse de la Senadora en contra de las personas que difunden la Noticia, así como minimiza la publicación del periódico Milenio en su versión Digital refiriéndose como “notita”
El audio sospechosamente fue eliminado de internet.
Sin embargo, éste no es el único vínculo que la candidata panista tiene con presuntos delincuentes.
Uno de sus nuevos aliados, el antiguo perredista Cristóbal Luna Luna, fue acusado en 2012 de trata. Algunas fuentes han informado que Luna podría haber enfrentado cargos no por trata, sino por agresión sexual contra una menor.
Fuese como fuese, ¿por qué la antigua comisionada del Senado para combatir la trata de personas aceptó en su equipo a un hombre con este tipo de historial?
Luna expresó que, al no encontrar espacio para su proyecto en el PRD, decidió aliarse con Dávila. ¿Qué clase de proyecto en común podrían tener un explotador/agresor y una senadora que intentó destruir la ley federal contra la trata?
Otro político relacionado con Dávila es Ángelo Gutiérrez, diputado local que golpeaba a sus hijos y a su esposa. Dávila, en lugar de deslindarse de este sujeto, quiso premiarlo nombrándolo presidente del Comité de Administración del Congreso del estado.
¿Por qué Dávila que dice estar interesada por poner fin a la violencia hacia la mujer, se relaciona con hombres maltratadores, abusadores y explotadores?
Pues bien, otro amigo incómodo de Dávila es el senador José Luis Preciado.
José Luis Preciado intentó ser gobernador de Colima, un estado con puertos claves donde se trasladan víctimas de trata a nivel nacional e internacional.
Por suerte, pese a que Preciado encabezaba en un inicio las encuestas, los colimenses abrieron los ojos a tiempo e impidieron que un probable delincuente llegara a la gubernatura.
Esto se debió al señalamiento y a las denuncias que diferentes asociaciones nacionales y locales hicieron contra Preciado.
En diciembre de 2015, la activista Rosi Orozco firmó un acuerdo con los demás candidatos a la gubernatura de Colima para luchar contra la trata pues hasta la fecha, esta entidad no cuenta con ninguna sentencia condenatoria.
Cuando los periodistas preguntaron por qué Preciado no había sido invitado a la firma, Orozco explicó que no podían poner en juego su credibilidad como ONG por alguien que a través de intimidaciones había intentado pasar las reformas a la ley contra la trata para beneficiar a los tratantes y que además había sido acusado por sus propios compañeros de tener nexos con este delito.
(En 2014, Martín Orozco aseguró que Preciado lo invitó junto con otros senadores a una fiesta con políticos, pero que en realidad era una fiesta con trabajadoras sexuales para grabarlos y chantajearlos, razón por la cual varios legisladores se retiraron indignados).
Días después de la firma del acuerdo, distintas ONG locales presentaron denuncias contra Preciado por trata de personas. El político fue señalado por víctimas que aseguraron haber sido explotadas en moteles de su propiedad.
Sin embargo, Dávila y otros panistas, desde el Senado, defendieron a Preciado. Lo que debía ser un pronunciamiento con argumentos y pruebas, se convirtió gracias a Dávila en un asunto personal y visceral contra Orozco.
Culpó a la activista de lucrar con el tema e instó al gobierno a investigarla por trata de personas. Cegada por sus ambiciones políticas, Dávila se atrevió a decir que Orozco era “la principal tratante que tenemos en este país”.
¿No serán los principales tratantes las familias de Tenancingo que aparecen en las listas de los más buscados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos? ¿No serán los principales tratantes los miembros del crimen organizado que secuestran a migrantes y los obligan a trabajar en inmensas plantaciones de drogas? ¿No serán los principales tratantes de este país la clase política que permite que sigan operando dueños de grandes centros de explotación?
Lo que es condenable de Dávila es que sus afrentas personales la hagan emitir frases tan ridículas como ésta que desvirtúan el combate a un problema tan serio como lo es la trata de personas.
Además, con este pronunciamiento, la senadora tlaxcalteca le pagó un viejo favor al colimense quien la había respaldado en la tribuna para “poner en su lugar” a Orozco. En esa ocasión, Preciado llamó, con ánimo antidemocrático y antiparlamentario, a los senadores a tirar a la basura el trabajo de los diputados e ignorar las modificaciones que hicieron al proyecto de ley de Dávila.
Hay que agregar que Orozco no es la única activista hacia la que Dávila ha mostrado una actitud hostil.
La periodista Lydia Cacho, Madaí Morales y Patricia Olamendi también han tenido episodios difíciles con la candidata a la gubernatura de Tlaxcala.
Si bien, Cacho en un debate con Dávila, moderado por Aristegui, expresó que la senadora no era tratante, sí sostenía que había cabilderos en diferentes niveles de gobierno influyendo para beneficiar a tratantes.
Por otra parte, Dávila intentó desacreditar a Patricia Olamendi, quien cuenta con una carrera admirable en pro de los derechos humanos.
Por último, Madaí, sobreviviente de trata de personas, encabezó la campaña por el no retroceso a la ley contra la trata. Sin ningún titubeo, en una entrevista, la joven declaró:
“A lo mejor los padrotes de Tlaxcala le van a financiar su campaña o está ganando algo de esta red de trata. No sabe lo que se siente estar esclavizada. Ahora soy libre y lucharé por esta ley, lucharé para encarcelar a los padrotes”.
¿Qué han hecho estas cuatro activistas para recibir el desprecio de Dávila? Han sido fuertes críticas de las reformas que Dávila propone para la ley federal contra la trata. Han advertido que las reformas debilitarían la ley y permitirían que los tratantes ya en las cárceles se ampararan y salieran libres. Han explicado que la ley haría casi imposible proteger a las víctimas mayores de edad, quienes conforman el 70%.
¿Qué clase de interés tiene Dávila para detener a los luchadores sociales? ¿Por qué una política con fuero ataca a ciudadanos que realizan una tarea descuidada por el mismo gobierno?
Dávila se ha ufanado que su proyecto de ley propone penas más duras para miembros de organizaciones civiles que digan luchar contra la trata y que sean encontrados culpables de este mismo delito.
Varias asociaciones han informado que esto provocaría una “persecución” contra los defensores de los derechos humanos. Las ONG que realmente combaten la trata serían atacadas por sus enemigos quienes armarían evidencias falsas para llevar injustamente a los luchadores a la cárcel. Esto generaría pocos incentivos para que más personas se unieran a la causa y ayudaran desinteresadamente a las víctimas.
¿Qué interés empuja a Dávila a actuar de este modo? Como política originaria de un estado con un serio problema de trata, ¿por qué se ha vinculado con personas acusadas de este crimen? ¿Por qué ha puesto el pie a activistas de la sociedad civil en vez de escucharlos y unir esfuerzos? ¿Por qué intenta modificar la ley para iniciar una “cacería” contra los activistas?
Tlaxcaltecas, Adriana Dávila no puede ser gobernadora de nuestro estado. Necesitamos políticos con voluntad para acabar con este mal que azota a nuestra tierra desde hace tiempo. Ni un voto a ningún político coludido con los tratantes.