José Antonio Meade acusa que otros partidos incluyan supuestos criminales como candidatos y tolera a legisladora de su partido, con antecedentes oscuros, como Senadora de la República.
Con la llegada de René Juárez a la dirigencia del PRI nacional para apuntalar la campaña fallida de Meade, también llegó lo peorcito del partido a cada estado, y Tlaxcala no fue la excepción.
Y es que la comisionada del PRI para la entidad, la senadora María Esther Terán Velázquez llega embarrando su desprestigio a los candidatos tlaxcaltecas con un escándalo de despojo violento de tierras cañeras en el estado de Morelos.
Según la Carpeta de Investigación SC/ 5299/2017 radicada en la fiscalía del Estado de Morelos, la senadora comisionada a Tlaxcala, habría estado involucrada en el despojado de parcelas a campesinos cañeros con lujo de violencia e intimidación.
Estos actos embarran lodo y desprestigio específicamente al candidato a diputado federal Mariano González Aguirre, quien recibiría las “tareas de respaldo en materia agropecuaria” de la también ex Dirigente de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR), de donde fue defenestrada.
El contubernio de asalto de parcelas a campesinos cañeros también arrastra al partido aliancista del PRI, el PANAL, pues según la carpeta de investigación, este acto se llevaría a cabo con Pedro Clemente Ocampo Álvarez, hoy candidato de Nueva Alianza a presidente municipal de Tlaquiltenango, Morelos.
El asalto a tierras cañeras está relacionado a cambio de favores electorales con la comisionada en Tlaxcala, pues según los afectados, las parcelas han sido dadas en obsequio a la promotora de González Aguirre.
Cabe señalar que Ocampo Álvarez, es al mismo tiempo líder de la Unión de Productores de Caña de la zona de abasto del Ingenio “Emiliano Zapata”, en Zacatepec, Morelos.
Según el periódico La Jornada, la hoy comisionada en Tlaxcala y quien fuera suplente de la senadora priista Cristina Díaz, ha sido acusada también de enriquecimiento ilícito y de procurar actos violentos. Además, por parte de sus disidentes sindicales fue reportada por corrupción y abuso ante la secretaría de Agricultura, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), así como a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y a Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura.
Por su parte, Ocampo Álvarez es señalado por incurrir en toda clase de argucias para evitar ser notificado de las acciones penales en su contra bajo el amparo de la senadora y de los pistoleros de los que ambos se hacen acompañar.
Todo esto debe llevar a la reflexión de los partidos políticos, en el ámbito de sus facultades, a imponer candados y tomar medidas para que individuos que verdaderamente actúan al margen de la ley, puedan ser comisionados, delegados o postularse para alcanzar puestos de elección popular bajo sus siglas; ese es el caso de María Esther Terán Velázquez que ya es legisladora del PRI en la Cámara Alta y de Pedro Clemente Ocampo Álvarez, candidato del PANAL, aliado del partido oficial, a una presidencia municipal en Morelos.
Así, mientras el candidato presidencial José Antonio Meade acusa de que otros partidos incluyan supuestos criminales como candidatos, tolera a legisladora de su partido con antecedentes oscuros como Senadora de la República y candidatos de sus aliados que son acusados por sus actos delictivos.