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Se pronuncia AMIC Tlaxcala, advierte costo-beneficio en esquema anticorrupción
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Staff
Martes, Julio 31, 2018
La corrupción en el sector de la construcción genera pérdidas de al menos 13% del monto de las ventas, además baja competitividad, salarios soeces, evasión de impuestos; propicia la creación de empresas fantasmas, inseguridad y más y más corrupción.
Los niveles de pobreza, baja competitividad y falta de capacitación son directamente proporcionales al nivel de corrupción en el ecosistema en el que se desarrollan las empresas constructoras.
El ramo 23 contempla fondos asignados a estados y municipios entre la SHCP y la Cámara de Diputados Federal destinados para construcción, apoyo a programas de migrantes o fortalecimiento financiero de los gobiernos locales. Ese ramo es el inicio de una gran cadena de favores y destinatarios que merman la cantidad y calidad de las obras donde algunos empresarios selectos forman parte del complejo engranaje de la corrupción.
En la lucha contra la corrupción del nuevo proyecto de nación se ha enfocado principalmente a la responsabilidad de los servidores públicos, los debates sobre la disminución de salarios y las figuras de coordinares de delegaciones federales se centran en el servidor público, pero, el sector empresarial asume una posición de juzgador u observador cuando es un factor importantísimo para combatir la corrupción.
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Como antecedente de lucha contra la corrupción en el sector empresarial en los últimos años, las denuncias de posibles actos de corrupción van concatenados a la exclusión en contratos, al acoso por auditorias o a la estigmatización política hacia un grupo contrario; en todos los casos la impunidad triunfa ante la denuncia.
El combate a la corrupción trae ventajas empresariales, al menos en el sector de la construcción implicaría la capitalización por lo menos del 13 por ciento de sus ventas. Ese porcentaje aumentaría la capacidad instalada, mejoras de capacitación y por ende empleos mejor pagados y empresas con mayor tiempo de vida y competitividad. Para lograr eso, los empresarios debemos asumir la responsabilidad de combatir la corrupción con herramientas, tales como políticas de integridad, capacitación en materia de responsabilidad administrativa, foros, círculos de colaboración, etc.
La nueva configuración de la relación gobierno – empresarios tendrá como constante el combate a la corrupción, debemos sumarnos y prepararnos lo más rápido posible.