Demanda la AMIC máxima transparencia en uso de recursos públicos

Respecto a los recursos asignados en el presupuesto 2019 al poder legislativo local para canalizarlos a municipios, la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) demanda respetuosamente que dichos recursos sean canalizados con extrema transparencia, que las reglas para seleccionar al municipio y al proyecto sean transparentes, ya que es de interés general que el gasto publico en obras de beneficio común estén apegadas a los principios de máxima publicidad, transparencia, eficiencia, honradez y de libre competencia.

Las políticas públicas que actualmente se están modificando construyen un escenario que se debe aprovechar para sumarse a estrategias simples pero contundentes para eliminar cualquier especulación de practicas que dañan tanto a toda la sociedad como son el influyentísimo, el favoritismo, la opacidad y la corrupción.

El congreso local tiene la gran oportunidad de demostrar que la asignación de recursos públicos, especialmente para obra pública puede estar perfectamente acompañada de reglas claras y de fácil acceso con el fin de ir desdibujando en el escenario local la confusión generada por la poca información que rodea el tema de los recursos que aplicará este año el congreso local.

En otro ámbito, la AMIC se manifiesta a favor respecto a la iniciativa que se presentó en los primeros días del mes de febrero en el sentido de que se ejecute obra publica por los entes bajo la figura de administración directa sin límite presupuestal, sin embargo, se advierte que dicha iniciativa por sí misma no es suficiente. Tal iniciativa de modificación al marco legal debería ser acompañado por un análisis serio de las debilidades de dicha propuesta. Dichas debilidades se contextualizan en el pasado, donde abundan ejemplos en cualquier dependencia que ejercía obra publica y que, aun en nuestros días, las obras duplica o triplican su costo, aunado a que con el cambio de administración publica subsisten las obligaciones tributarias, por ejemplo, una administración municipal tiene un periodo de tres años pero las facultades de fiscalización del IMSS, del INFONAVIT y el SAT son hasta por cinco años posterior a la acción de construcción, lo que eleva las probabilidades de que las administraciones posteriores sean requeridas para liquidar adeudos y así agravar las finanzas municipales, emulando al caso de los laudos que se presentan comúnmente en los cambios administración.

Por lo expuesto, no solo se debería abordar el limite de la obra por administración directa, también se debe contemplar la ley de responsabilidad administrativa, la planeación, la adquisición de maquinaria y equipo, sin olvidar la formalidad del empleo.

Arq. Claudia Palafox Hernández Presidenta de la AMIC en Tlaxcala.