Reformas a la Ley General de Salud es un atentado, alertan panistas

Legisladores federales del PAN, advirtieron que las reformas a la Ley General del Salud que impulsa MORENA en el Congreso de la Unión representan un atentado contra los mexicanos más desprotegidos, pues desaparecerá el Seguro Popular.

Este jueves podrían aprobarse con mayoría simple y dará paso a la creación de una institución que no se hará cargo de las enfermedades del actual catálogo y además quitaría a los Estados patrimonio que pasaría a la Federación.

En este tenor exhortaron al Gobernador Marco Mena, “no caer en la trampa” de firmar el convenio posterior en materia de salud con el Gobierno Federal, pues no le garantiza recursos económicos fijos ni respaldo alguno para infraestructura.

Lo anterior lo dieron a conocer las Diputadas Federales, Adriana Dávila Fernández y Noemí Alemán, junto con su homólogo y correligionario, Éctor Jaime Ramírez Barba, quien funge como Secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados y quien expuso los riesgos en que el Gobierno de la cuarta transformación está poniendo a millones de mexicanos que se atendían a través del Seguro Popular.

Tan solo para el caso de Tlaxcala, con cifras de 2019, la afiliación era de 786 mil 202 personas, 146 mil 909 de ellas del sector rural y con un abasto de medicamentos superior al 86 por ciento. Esas estadísticas, a pesar de que los recursos que la Federación le transfirió en 2018 bajaron a la mitad con respecto a años previos. Mientras en 2013 fueron 808 millones de pesos, en 2018 disminuyeron a 494 millones de pesos, en tanto que hubo cero pesos para infraestructura.

Éctor Ramírez Barba explicó que la intención de MORENA es crear el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), que no cubrirá las 66 enfermedades que hoy cubre el Seguro Popular, pero además pretende centralizar los servicios para que la Federación mande un Delegado que hará las veces del Secretario de Salud local, pero sin hacerse responsable de gestión de recursos adicionales y, por si fuera poco, obligaría al Gobierno del Estado a firmar convenios para que infraestructura médica (inmuebles y terrenos) pase a formar parte del patrimonio federal, sin la garantía de que por ello también reciba a cambio financiamiento para el sector.