Sobre la aplicación de los recursos públicos, señaló la opacidad y la falta de transparencia del gobierno de AMLO.
El líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Noé Rodríguez Roldán, defendió que el gobierno estatal Marco Antonio Mena Rodríguez se haya adherido al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) “porque tuvo que garantizar la salud para los Tlaxcaltecas”.
Además precisó que “El INSABI es una institución imperfecta que empezó sin reglas que se irán construyendo, respetamos la postura de los representantes populares surgidas del partido y sabemos que en casos como la salud y seguridad y educación hay responsabilidades coordinadas con el gobierno federal”.
Sin embargo, “la postura del PRI, estatal y nacional, aunque parezca contradictorio, seguiremos poniendo el dedo en la llaga y alzando la voz cuando veamos afectados la vida la seguridad, la economía de los mexicanos y tlaxcaltecas”.
En otro orden de ideas, el dirigente acompañado de su mesa directiva señaló la opacidad y la falta de transparencia del gobierno de AMLO y acusó que la 4T está cayendo en la discrecionalidad, “lo que también es corrupción”.
Dijo que los recursos asignados a adquisiciones, servicios y contratos públicos deben ser a través de licitaciones, bajo la ética de transparencia y legalidad, pero “no es en la transparencia en la adjudicación y contratación de servicios y obras lo que permea en el actuar cotidiano de la 4T y el gobierno federal, sino la discrecionalidad, no puede haber combate a la corrupción sin transparencia, pues la discrecionalidad también es corrupción.
Rodríguez Roldan enfatizó que el presupuesto federal para programas sociales no tiene reglas de operación “anteriormente programas como el de solidaridad tenían objetivos, reglas claras, instrumentos de operación dirigidos a abatir problemas sociales, ahora parecen bolsas de recursos destinadas a la compra de conciencias y voluntades para la elección de 2021”.
Lo anterior lo ejemplificó en Tlaxcala, para ser precisos se dirigió al Congreso local, “independientemente de una invasión de competencias, donde el Poder Legislativo pretende asumir funciones que le corresponde al Ejecutivo, esos casi 500 millones de pesos son ejercidos en opacidad, sin transparencia, donde la guía de asignación pareciera estar orientada a proyectos políticos, de reelección o de obtención de otros cargos y a negocios particulares”.