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Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) lanza un estudio en el que revisa la implementación de los Sistemas Estatales Anticorrupción. A tres años de la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el avance ha sido lento y ha enfrentado desdén y resistencias de las fuerzas políticas locales.
Al respecto, Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad alertó: “La Comisión de Selección de 20 (Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas) de las 31 entidades concluye sus actividades en 2020. Es crucial que este año, los congresos estatales comiencen un proceso para renovar esta Comisión y no interrumpir la designación de integrantes de los Comités de Participación Ciudadana (CPC) estatales. Si no se concreta este cambio, de facto se estaría dejando morir de a poco al SNA.”
La situación de Tlaxcala es particularmente preocupante, ya que en el proceso de designación de los integrantes del Sistema, es la entidad que más se aleja del modelo nacional, elimina la Comisión de Selección y opta porque el Congreso local designe a los integrantes del CPC. Tlaxcala cuenta con el Comité Coordinador del SEA completo, los cinco integrantes del CPC en funciones y un secretario técnico. El presupuesto de la secretaría técnica del sistema estatal es de 10.9 mdp. Tlaxcala es la única entidad que no considera ningún mecanismo de participación para los municipios. El fiscal anticorrupción fue designado por el fiscal general del estado, sin la participación del poder legislativo.
El Sistema Nacional Anticorrupción coordina todos los esfuerzos públicos de combate a la corrupción, con la participación de la ciudadanía. Este sistema debe ser replicado en cada entidad federativa para contar con un mismo frente en el que estén las autoridades de los tres niveles y de todos los poderes. Estos son los principales hallazgos del estudio:
- Se han sido instalados 30 de 32 Sistemas Estatales. Está pendiente Chiapas y el Congreso de la Ciudad de México tuvo que publicar una nueva Ley de su sistema anticorrupción, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la ley anterior.
- Nueve entidades no cuentan con los cinco integrantes del CPC local. Además de Chiapas y la Ciudad de México (que aún no han sido instalados) están Baja California, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca y Zacatecas.
- Además de la Ciudad de México y Chiapas, otras tres entidades no han nombrado al titular de la secretaría ejecutiva, el brazo operativo del sistema local anticorrupción: Coahuila, Morelos y San Luis Potosí.
- Cinco estados no han nombrado una persona al frente de la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción: Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, San Luis Potosí y Veracruz.
- Siete entidades hicieron este nombramiento vía una designación directa, del gobernador o del fiscal general. Once entidades prevén la designación mediante la ratificación de los diputados locales. Finalmente, nueve entidades utilizaron el mecanismo de convocatoria desde el Congreso estatal.