Tlaxcala

No ratifican a magistrados del TJA: fueron pésimos y quedaron reprobados

El Poder Ejecutivo emitirá la convocatoria para elegir a las nuevas magistradas quienes deberán aprobar examen público de oposición

Por incumplir los principios de excelencia y honestidad en sus funciones, el pleno del Congreso local determinó no ratificar a María Isabel Pérez González y Marcos Tecuapacho Domínguez como magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado de Tlaxcala.

En lo que fue la última sesión del periodo ordinario, los legisladores tomaron dicha decisión tras considerar que ambos magistrados afectaron el patrimonio del TJA por una cifra de 2.3 millones en la compra de un inmueble que actualmente se utiliza para edificar su sede, pagado en 6.5 millones de pesos, cuando a través de un avalúo oficial lo cotizó en 4.1 millones. Además de ser señalados de actos de nepotismo al contratar a Jacqueline Bañuelos Muñoz quien es su nuera.

“Al carecer de los conocimientos técnicos, profesionales y el honor que el ejercicio de la práctica fiscal requiere para un magistrado integrante de un cuerpo colegiado que resuelve precisamente este tipo de temas”, se leyó en el dictamen.

Además de que se les señaló de “un daño a la buena fama, honorabilidad, eficiencia, rendición de cuentas y honestidad invulnerable de la que deben de gozar los magistrados sujetos a evaluación, ya que es público el daño causado, dado que al existir en diversos medios de información estatal el cuestionamiento respecto del proceso dudoso e irregular de adquisición del inmueble, se ve afectada la excelencia y ética profesional”.

Por lo que será el Poder Ejecutivo el responsable de emitir la convocatoria para elegir a las nuevas magistradas quienes deberán aprobar exámenes públicos que llevará a cabo el Congreso local. Cabe destacar que su función como magistrados concluye el próximo 31 de agosto.

Finalmente, ambos les iniciaron juicio político y el órgano de control interno del TJA tendrá que determinar el daño ocurrido en las finanzas para que a través de la fiscalía estatal anticorrupción devuelvan el recurso público del cual ocasionaron un daño patrimonial.