Cinismo y ni la burla perdona, con pésimas calificaciones Fernando recibe constancia como magistrado

A pesar de las disposiciones legales que regulan el nombramiento de magistrados federales, el Instituto Nacional Electoral (INE) entregó su constancia a Fernando Rodrigo López Torres como nuevo magistrado del 28 Circuito Federal, generando una oleada de críticas por presuntas irregularidades en su formación académica.

Actualmente, López Torres se desempeña como Secretario Parlamentario del Congreso del Estado, cargo del que deberá separarse antes del 1 de septiembre, cuando los nuevos magistrados del Poder Judicial de la Federación entren en funciones.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los lineamientos internos del Consejo de la Judicatura, uno de los requisitos indispensables para ocupar el cargo de magistrado federal es contar con título de licenciado en Derecho con un promedio mínimo de 8.0, así como una calificación de al menos 9.0 en alguna especialidad jurídica.

No obstante, documentos filtrados revelaron que López Torres no cumple con ninguno de estos requisitos, ya que su promedio es inferior a 8 y no cuenta con especialización reconocida.

Diversas voces dentro del ámbito jurídico han advertido sobre la limitada preparación del funcionario, a quien se le ha señalado por contar con conocimientos básicos en materias clave para la impartición de justicia.

La filtración de su historial académico ha provocado indignación, sobre todo entre juristas, académicos y organizaciones civiles que exigen transparencia y méritos reales en el acceso a cargos del Poder Judicial.

A pesar de las inconsistencias, se justificó su designación bajo el argumento de que obtuvo calificaciones destacadas en algunas asignaturas clave durante su carrera, argumento considerado endeble por analistas, ya que no sustituye el cumplimiento estricto de los requisitos legales.

Sin embargo, el caso de Fernando Rodrigo López Torres es un claro ejemplo de opacidad y discrecionalidad con la que se otorgan cargos de alto nivel en el aparato judicial.