Congreso

Arremete diputada Laura contra la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial; la considera antidemocrática

La diputada advirtió que estos mecanismos, al concentrar recursos, presupuesto y sanciones, transforman la justicia en un instrumento de control político, poniendo en riesgo la independencia judicial y el equilibrio democrático del país.

La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Laura Yamili Flores Lozano dijo no estar a favor del dictamen de reforma al Poder Judicial, al considerarlo autoritaro, antidemocrático y centralista, al someter a jueces y organismos autónomos al control del gobierno y eliminar contrapesos fundamentales.

Al hacer uso de la tribuna, advirtió que la creación del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial representa un riesgo de control político sobre la justicia. “Estamos ante una nueva forma de aplicar el derecho, basada más en intereses políticos y de grupo que en la defensa de los derechos humanos y del interés general”, señaló.

La legisladora subrayó además que sus argumentos no solo aplican al dictamen actual, sino que se refuerzan con los antecedentes de irregularidades durante el proceso electoral que definió a quienes integran el Poder Judicial y los Tribunales de Justicia Administrativa y de Conciliación y Arbitraje locales.

“No se trató de una elección del pueblo, se trató de un fraude y una burla a la voluntad popular. Los llamados acordeones, la inducción del voto, la orden y las amenazas a servidores públicos para usar los programas sociales como mecanismo para votar por las listas fabricadas desde el poder, con el uso de recursos públicos, son tan solo una muestra, documentada por diversas organizaciones no gubernamentales, del descaro y desfachatez de los actuales gobiernos de Morena.”

Por estos motivos, sostuvo; “mi voto es en contra, porque técnicamente es la extensión de una reforma constitucional que vulnera la división de poderes y el ejercicio democrático y republicano del gobierno.”

La diputada advirtió que estos mecanismos, al concentrar recursos, presupuesto y sanciones, transforman la justicia en un instrumento de control político, poniendo en riesgo la independencia judicial y el equilibrio democrático del país.