El Chómpiras estaria incurriendo en desvío de recursos y presión política en el COBAT

La inconformidad dentro del Colegio de Bachilleres va en aumento luego de decenas de mensajes, audios y denuncias ciudadanas comenzaron a exhibir el malestar que existe contra la administración de José Alonso Trujillo Domínguez, a quien estudiantes, docentes y padres de familia acusan de encabezar una gestión marcada por presuntos abusos, decisiones arbitrarias y presiones políticas.

Las denuncias surgieron luego de que el diputado Raymundo Vázquez Conchas habilitara un “buzón ciudadano” a través de WhatsApp y redes sociales para recibir reportes e inconformidades de la población. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que gran parte de las quejas se concentraron en el COBAT.

De acuerdo con testimonios enviados al legislador, la administración de Alonso Trujillo enfrenta fuertes cuestionamientos por la manera en que se toman decisiones dentro de los planteles, particularmente en la asignación de turnos escolares, donde alumnos denunciaron supuestos sorteos sin considerar promedios académicos ni condiciones de traslado.

Además, comerciantes vinculados a cafeterías y papelerías escolares acusaron presuntas cuotas excesivas y cobros indebidos para poder operar dentro de los planteles, situación que comenzó a generar inconformidad entre proveedores y padres de familia.

Las acusaciones más delicadas apuntan hacia presuntas humillaciones públicas contra docentes y un ambiente laboral de presión constante dentro del subsistema educativo. Maestros señalaron que existirían prácticas de intimidación y control político, incluyendo supuestas exigencias para participar en actividades proselitistas fuera del ámbito académico.

El caso circuló en redes sociales, donde trabajadores y alumnos compartieron experiencias relacionadas con malos tratos, decisiones discrecionales y falta de diálogo con la dirección general, dijeron estar hartos del trato déspota y arbitrario del funcionario quien se dice protegido de la gobernadora Lorena Cuellar y por lo tanto ha violentado los derechos de los trabajadores.