Tlaxcala, tan solo en 2027 se han contabilizado 101 homicidios.
La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Miriam Esmeralda Martínez Sánchez, lanzó un enérgico señalamiento en materia de inseguridad que vive el país y aseguró que México enfrenta graves consecuencias derivadas de los llamados “narco gobiernos”, fenómeno que —dijo— ha provocado violencia, miedo y debilitamiento institucional en distintos estados del país.
Entrevistada, la legisladora advirtió que las cifras de homicidios reflejan la gravedad del problema de seguridad que enfrenta México, y de paso Tlaxcala donde alegó que tan solo en 2027 se han contabilizado 101 homicidios, situación que consideró preocupante y que obliga a fortalecer las instituciones y el Estado de derecho.
Martínez Sánchez sostuvo que el país no puede normalizar la violencia ni permitir que el crimen continúe afectando la tranquilidad de las familias mexicanas, por lo que insistió en la necesidad de generar condiciones reales de seguridad y justicia.
En otro tema, la diputada panista también fijó postura respecto a la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), al señalar que Tlaxcala mantiene un rezago legal importante al no contemplar este tipo de violencia como una causal específica de nulidad electoral dentro de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado.
Por ello, presentó una propuesta de reforma para incorporar nuevas disposiciones que permitan reconocer de manera expresa la Violencia Política de Género como motivo autónomo para invalidar una elección cuando existan afectaciones graves contra candidatas.
“Cuando una candidatura de mujer enfrenta campañas de descalificación, intimidación, hostigamiento, mensajes misóginos, violencia simbólica o violencia digital orientada a inhibir su participación o disminuir sus posibilidades reales de triunfo, no solo se vulneran sus derechos individuales, también se distorsiona la contienda y se debilita la democracia”, expuso.
La legisladora enfatizó que, aunque actualmente este tipo de conductas pueden ser sancionadas por autoridades jurisdiccionales, es necesario que la legislación estatal avance y reconozca explícitamente la violencia política de género como una causal formal de nulidad electoral.
Miriam Martínez sostuvo que fortalecer la participación política de las mujeres y garantizar procesos electorales libres de violencia es una responsabilidad institucional que no puede seguir postergándose en Tlaxcala.