A los trabajadores se les habría advertido que negarse a colaborar podría traer consecuencias laborales, e incluso el riesgo de perder su empleo.
El director general del CECyTE, Darwin Pérez y Pérez, fue acusado por presuntamente utilizar personal y recursos del subsistema educativo para realizar brigadas casa por casa con el objetivo de aplicar encuestas relacionadas con la imagen del alcalde con licencia de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García.
De acuerdo con las denuncias recibidas por este medio, trabajadores del CECyTE estarían siendo enviados a recorrer colonias y comunidades para preguntar a los ciudadanos si conocen a Alfonso Sánchez, cómo califican su desempeño, si consideran que resuelve los problemas del municipio y cuál es su percepción sobre su trabajo, entre otros cuestionamientos.
Las denuncias también señalan que personal docente, administrativo y de apoyo habría sido presuntamente presionado, condicionado e intimidado para participar en estas brigadas. Según los testimonios, se les habría advertido que negarse a colaborar podría traer consecuencias laborales, e incluso el riesgo de perder su empleo. De confirmarse, estos hechos representarían una práctica sumamente grave al utilizar la incertidumbre laboral como mecanismo de presión para involucrar a trabajadores de una institución educativa en actividades ajenas a sus funciones.
La situación ha provocado inconformidad entre integrantes del sector educativo, quienes cuestionan que el titular del CECyTE destine tiempo, personal y presuntamente recursos públicos a actividades de carácter político, mientras continúan pendientes diversas necesidades en los planteles, demandas del personal docente y administrativo, así como retos para fortalecer la calidad educativa del subsistema.
Para trabajadores consultados, estas acciones evidenciarían que la prioridad de Darwin Pérez y Pérez no está en atender los planes académicos, mejorar las condiciones de las escuelas o resolver las exigencias del sector educativo, sino en involucrarse en estrategias de posicionamiento político y mediático que nada tienen que ver con la misión educativa del CECyTE.
De comprobarse estos señalamientos, el caso podría constituir un posible uso indebido de recursos públicos, de personal y de tiempo laboral para fines distintos a los establecidos por la ley, por lo que correspondería a las autoridades competentes investigar los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades administrativas o legales que procedan.
El llamado es para que el CECyTE vuelva a concentrar sus esfuerzos en mejorar la educación de miles de jóvenes tlaxcaltecas y no en actividades que, según las acusaciones, tendrían un claro trasfondo político.