Diputado Federal sin propuestas claras ante los ciudadanos

Luego de que el gobierno federal enviara una circular a hospitales de todo el país donde se anunciaba que cada centro hospitalario se tendría que hacer cargo del costo de las pruebas del Tamiz, el diputado federal por Tlaxcala Carlos Carreón, urgió al Gobierno Federal a dar inmediata respuesta para que se siga brindando este servicio de manera gratuita, como se realizaba con anterioridad.

Carreón Mejía lamentó que una vez más la improvisación del Gobierno Federal vaya en detrimento de la salud de los mexicanos, por eso enfatizó en la necesidad de dar una inmediata solución, pues de no hacerlo los más afectados serían los miles de mexicanos que nacen cada día en las clínicas y hospitales del país.

“Este gobierno se ha caracterizado por improvisar, lamentablemente lo está haciendo también en materia de salud pública. La prueba del Tamiz es aplicada a niños entre 2 y 5 días de nacidos y tiene como finalidad detectar enfermedades congénitas y deficiencias fisiológicas en recién nacidos” explicó el diputado federal.

En el mismo sentido el diputado federal lamentó que el gobierno de López Obrador pretenda que la carga financiera por la realización de esta prueba recaiga sobre los hospitales de los estados, puesto que muchos de ellos carecen de recursos para hacerlo, por lo que podrían optar por eliminar esta prueba en recién nacidos.

“Este hecho no sólo se trata de una grave omisión de la autoridad en términos de salud pública, sino también un desacato a la legislación en la materia. La reforma a la Ley General de Salud que se aprobó en el Senado de la República, establece que la prueba del Tamiz deberá ser aplicada a todos los recién nacidos en México, previo a su alta del hospital, por eso exigimos como legisladores que se deje de improvisar y que se atienda de inmediato esta problemática”. refirió Carreón Mejía.

Por último Carlos Carreón informó que hará un exhorto desde la Cámara de Diputados para que de una vez por todas regrese esta prueba que era obligatoria desde 1998.