Se busca armonizar las leyes para que en procesos electorales se mantengan claros los procedimientos de fiscalización.
En sesión extraordinaria del Congreso del Estado, los diputados aprobaron una reforma a la Constitución de Tlaxcala, en materia de fiscalización, que reduce temporalidad de 2 años a 6 meses para que servidores públicos, políticos o legisladores puedan participar a la titularidad del Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
Desde luego los congresistas de Morena mayoritearon la votación, pero esto no evitó que el diputado Juan Manuel Cambrón Soria del PRD y Alejandra Ramírez Ortiz del PAC se enfrascarán en cuestionamientos al fijar su posicionamiento.
Y es que la Constitución actualmente en el artículo 106 contempla una restricción para ocupar el cargo de auditor superior a quienes se hayan desempeñado como Gobernador, Secretario, Procurador General de Justicia, Oficial Mayor, Director o Gerente de unidad estatal, Contralor, Senador, Diputado federal o local, Presidente Municipal, Tesorero o Síndico municipal, sino es que renunciarán al cargo con 2 años de anticipación al nombramiento.
Con la reforma aprobada solo se contempla una anticipación de renuncia de 6 meses o 180 días, para que puedan ocupar el cargo de titular en el OFS.
En su oportunidad, Rubén Terán, defendió que la iniciativa busca realizar ajustes a la constitución local a fin de establecer los mecanismos de reforzamiento, operativo, funcional y material para el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
Recalcó que esta iniciativa tiene como objetivo principal realizar la ampliación de los perfiles y ramas de cargo, para poder acceder como propuesta de titular del Órgano de Fiscalización Superior.
En ese mismo sentido, aclaró que el dictamen pretende armonizar los tiempos procesales de fiscalización ante el Congreso, a efecto de empatar el calendario de dictaminación de las cuentas públicas, tanto del Ejecutivo Estatal como de los municipios, cuando se encuentren en proceso de renovación.
De esta manera se busca armonizar las leyes para que en procesos electorales se mantengan claros los procedimientos de fiscalización.