Despido de agremiados al 7 de Mayo fue un acto tiranía, reprocha Blanca Águila

Derivado del reciente despido de Enrique Escobar Cortez, secretario general electo del Sindicato 7 de Mayo y de su compañero, Jaime Rodríguez Cortés por encabezar una lucha en rechazo al nuevo modelo de salud para los trabajadores al servicio del estado, la diputada Blanca Águila Lima, consideró que fue un acto de tiranía.

“No es posible que el gobierno sea capaz de ignorar el respeto a los derechos humanos con tal de dar mayor visibilidad al mundial de Voleybol de Playa que, si bien pone a Tlaxcala en los ojos del mundo, no oculta las graves transgresiones a las garantías individuales que están sufriendo cientos de trabajadores en nuestro estado. Bajo este contexto, el martes pasado nos informamos a través de los medios de comunicación en Tlaxcala sobre la destitución de trabajadores adscritos a la estructura del “Sindicato 7 de Mayo. En ese sentido, la mandataria, no tardó en declarar que la medida correspondía a que las personas destituidas incurrieron en faltas de respeto, incitaron al desorden y politizaron la coyuntura que viven los trabajadores en torno al nuevo servicio médico de Pensiones Civiles”.

La congresista consideró que las medidas que está tomando el Ejecutivo son preocupantes debido a que no se está garantizando la libertad de manifestación y que orillan a una entidad represora.

“Hemos sido testigos de cómo la actitud de la autoridad contrasta con lo que recientemente declaró, pues observamos con preocupación que su administración ha solapado a personas señaladas públicamente de corrupción (…). Entonces, vivimos bajo la amenaza de recrudecer un Estado represor y autoritario que busca, a toda costa, extinguir los movimientos sociales que tradicionalmente han sido contrapeso en las sociedades que se precian de ser democráticas”.

Por todo lo anterior expuso, “El diálogo siempre será la puerta de entrada para generar los acuerdos necesarios para una sana convivencia entre sociedad y gobierno, aspecto que parece haber quedado en el olvidado y que hoy se traduce en despidos injustificados, represión a manifestaciones sociales, persecución política y tolerancia de actitudes que contravienen el correcto ejercicio del servicio público”.