Aprueban iniciativa de Gabriela Brito a favor del bienestar de las niñas y niños de Tlaxcala

Durante la octava sesión ordinaria en el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, las Diputadas y Diputados de la LXIV Legislatura, aprobaron con 18 votos a favor, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Civil para el Estado libre y soberano de Tlaxcala y de la Ley de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado de Tlaxcala, referente a la conducta de alienación parental, iniciativa que presentó la Diputada Local del distrito 07 de Tlaxcala, Gabriela Esperanza Brito Jimenez.

Dicha iniciativa tiene como finalidad erradicar la conducta de alienación parental, la cual es el resultado evidente de la incapacidad de un padre y una madre de poder separar la relación conyugal con la paterno y materno filial.

La alienación parental, es un fenómeno muy común entre las familias que se separan, llevando acabo comportamientos manipuladores como el hablar mal de su padre o madre según sea el caso y usar información falsa a su favor, generando una percepción negativa y transformando la conciencia de sus hijos sobre él como tratar a sus progenitores mediante distintas estrategias con el propósito de obstaculizar o destruir sus vínculos, causando que los menores odien, teman o rechacen injustificadamente al otro progenitor, por lo que esto puede ocasionar consecuencias emocionales y psicológicas significativas en la mente de las niñas y niños, afectando de manera negativa sus relaciones saludables.

En México, como en cualquier otro lugar, los efectos de la alienación parental pueden variar, pero eso no quiere decir que debe permanecer inherente ante dicha realidad.

Por ello, la actuación del Poder Legislativo a regular esta figura, se encuentra plenamente justificada en las obligaciones que impone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención de los Derechos del Niño, particularmente en el deber que asiste al Estado Mexicano de adoptar medidas eficaces para proteger a las niñas, niños y adolescentes de cualquier forma de violencia que puedan poner en riesgo su integridad personal.