Estarían planchando todo para que el refugiado de Morelos le otorguen una notaria

En lo que muchos consideran una jugada política disfrazada de legalidad, el Gobierno del Estado de Tlaxcala emitió por primera vez una convocatoria para el curso de formación de aspirantes a notario, aparentemente hecha a la medida para beneficiar al actual secretario de Gobierno, Antonio Ramírez Hernández, quien estaría en la lista de futuros "gratificados" con una patente notarial.

La convocatoria fue lanzada por la Dirección de Notarías y Registros Públicos, órgano dependiente de la propia Secretaría de Gobierno, que irónicamente encabeza el funcionario que aspira a beneficiarse directamente del proceso.

La evidente doble función de Ramírez Hernández como juez y parte en este procedimiento ha generado fuertes críticas por lo que se percibe como un burdo conflicto de interés y una simulación institucional.

La convocatoria apenas estuvo abierta tres días hábiles (del 14 al 19 de mayo), lo que refuerza la percepción de que el proceso fue acelerado, opaco y dirigido a un perfil previamente acordado. En los pasillos políticos y círculos jurídicos locales se comenta que la capacitación no es más que un trámite para “legitimar” la entrega de notarías como premio político, particularmente al cuestionado secretario.

Uno de los primeros requisitos del curso establece que los participantes deben ser originarios de Tlaxcala o haber residido en el estado de manera continua por al menos cinco años. Ramírez Hernández es originario del estado de Morelos, y su presencia en la administración pública tlaxcalteca inicia únicamente con la actual gestión de Lorena Cuéllar, por lo que no cumpliría con el requisito básico para participar. A pesar de ello, no se descarta que se modifique o ignore el criterio para facilitarle el acceso al cargo.

La posible designación de Ramírez Hernández como notario se suma a la larga lista de reparto discrecional de cargos y favores políticos que muchos funcionarios han tenido.