Un juez de control acató el fallo federal y autorizó que Karla Isabel N. enfrente el proceso únicamente con medidas mínimas,
Lo que para las familias de Carlos Abdiel y Carlos Manuel era una esperanza de justicia, terminó convertido —aseguran— en un nuevo golpe de corrupción e impunidad. A poco más de un año del accidente que arrebató la vida a los dos jóvenes motociclistas en Avenida Ocotlán, la presunta responsable, Karla Isabel N., abandonó la cárcel y continuará el proceso en libertad, decisión que ha desatado una ola de indignación social y fuertes cuestionamientos contra el Poder Judicial.
La resolución que permitió su liberación fue impulsada tras la intervención de la jueza federal Stefany Pérez Bustamante, quien revocó la reclasificación de homicidio doloso eventual que había determinado previamente un juez tlaxcalteca y devolvió el caso a homicidio culposo, abriendo así la puerta para modificar la medida cautelar y permitir que la exfuncionaria del C5i dejara el CERESO femenil.
Para los familiares de las víctimas, el hecho es una clara muestra, dijeron, del sistema de justicia fallido que hay en el Estado y en el país; “matar y tener influencias sí sale barato”. Acusaron que, pese a los antecedentes del caso, las autoridades judiciales terminaron favoreciendo a la imputada, aun cuando existen señalamientos de que huyó del lugar tras el impacto y que presuntamente recibió protección institucional en las horas posteriores al accidente.
La molestia creció aún más porque la liberación ocurrió después de una audiencia maratónica de más de doce horas, en la que finalmente un juez de control acató el fallo federal y autorizó que Karla Isabel N. enfrente el proceso únicamente con medidas mínimas, como firmas periódicas y restricción para salir de Tlaxcala.
Familiares de las víctimas sostienen que el caso está marcado por irregularidades desde el inicio. Recuerdan que la exfuncionaria no fue detenida inmediatamente después del accidente y que incluso logró abandonar el estado antes de ser localizada en Morelos. Aun con esos antecedentes, hoy podrá seguir el proceso fuera de prisión, situación que ha sido interpretada por los deudos como una clara señal de privilegios y tráfico de influencias.
“Esto no es justicia, es impunidad”, reclamaron durante la reciente marcha pacífica encabezada por amigos y familiares de los jóvenes fallecidos. Ahí, Haydee Lira Vázquez, madre de una de las víctimas, denunció que el sistema judicial “le dio la espalda” a las familias y favoreció a quien consideran responsable de la tragedia.
Los manifestantes también dirigieron sus críticas hacia la jueza federal Stefany Pérez Bustamante, cuya cercanía previa con el gobierno estatal ha generado sospechas y cuestionamientos públicos sobre la imparcialidad de su resolución. Para los inconformes, el cambio de criterio judicial representa un retroceso grave en el caso y una muestra de cómo el poder y las relaciones políticas pueden pesar más que la vida de dos jóvenes.
Mientras tanto, el dolor de las familias continúa. A más de un año de la tragedia, aseguran que no solo enfrentan la ausencia de sus seres queridos, sino también un proceso judicial que —afirman— parece inclinarse constantemente a favor de la presunta responsable.
La liberación de Karla Isabel N. es el claro ejemplo del tráfico de influencias y la falta de confianza en las instituciones de justicia en Tlaxcala, donde ciudadanos y colectivos advierten que el caso podría convertirse en otro símbolo de cómo los presuntos responsables con conexiones logran evadir la cárcel, incluso en hechos donde hubo dos vidas perdidas.