Educación

Padres se rebelan por uniforme impuesto y cobro de 850 pesos en primaria, de Muñoz

La inconformidad crece entre las familias, que exigen transparencia y frenar las medidas impuestas por la dirección.

La inconformidad crece entre madres y padres de familia de la escuela primaria Fausto Vega Santander, quienes denunciaron públicamente presuntas imposiciones por parte de la directora del plantel, María del Carmen Meneses Rodríguez, al señalar que ordenó el cambio de uniforme, designó un proveedor único para su compra y mantiene un cobro de 850 pesos por alumno, sin brindar, aseguran, la transparencia necesaria sobre el destino de los recursos.

De acuerdo con el pronunciamiento de los padres, durante la asamblea realizada el pasado 13 de julio, el comité de padres de familia debía presentar el corte de caja; sin embargo, la reunión se centró en la polémica por el cambio de uniforme y, al finalizar, no se rindieron cuentas claras sobre el manejo del dinero recaudado.

Los inconformes afirmaron que la decisión de modificar el uniforme fue tomada de manera unilateral, sin consultar a la mayoría de las familias, pese a que varias madres expresaron su rechazo durante la reunión al considerar que la medida representa un gasto innecesario en un momento de dificultades económicas.

Además, denunciaron que la compra del uniforme fue condicionada a un solo proveedor, lo que impide comparar precios o buscar alternativas más económicas, situación que, señalaron, genera dudas sobre la transparencia del proceso.

A esta inconformidad se suma el cobro de 850 pesos de inscripción por cada estudiante, monto que calificaron como excesivo, especialmente para las familias con dos o más hijos inscritos en la institución.

Los padres también señalaron que fueron citados para la presentación del proveedor del uniforme; sin embargo, insistieron en que ninguna decisión de esta naturaleza debe imponerse sin el consenso de la comunidad escolar.

Finalmente, exigieron a la dirección del plantel reconsiderar el cambio de uniforme, eliminar la obligación de adquirirlo con un proveedor exclusivo, transparentar el destino de las cuotas escolares y presentar el corte de caja pendiente con información clara y detallada.

Los padres subrayaron que su postura no es en contra de la educación ni del orden dentro de la institución, sino de las decisiones que consideran arbitrarias y que afectan la economía de las familias.

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