La corrupción constituye el mayor mal del país; es la ciudadanía a la que lastima la que ha de combatirla
Un inopinado nombramiento y otro más que está por conocerse, han hecho saltar las alarmas en Tlaxcala
Está por llegar el tiempo de hacer el balance final de la gestión del mandatario Mariano González Zarur
La corrupción saltó ya al primer lugar de las preocupaciones de los mexicanos, por encima incluso de la inseguridad y la economía. Es tanta la indignación ciudadana al respecto que a la clase política le resultó imposible eludir la presión social y, finalmente, legisló para que la sociedad disponga de un conjunto de normas que permitirán vigilar la conducta de los servidores públicos. Mas fue menester que los señores del dinero se apersonaran en Los Pinos para formularle al presidente Peña Nieto su inconformidad con la torpe revancha que senadores y diputados buscaron tomarse contra ellos, promotores que fueron -con otros 640 mil ciudadanos- de la llamada Ley 3 de 3, parte medular del Sistema Nacional Anticorrupción que está por promulgarse ya sin el “desafortunado” apéndice que a los doctos representantes populares se les ocurrió agregar a última hora.
Ciudadanía activa… y gobierno autista
Quizá no a la velocidad que habría sido deseable, pero sobran pruebas de que la conciencia democrática del colectivo popular avanza sin pausa ni desaliento. No entenderlo así conduce a tropiezos tan costosos como lo está siendo para Peña Nieto el procesamiento de una reforma educativa que nadie en su gobierno tuvo la precaución de consensar con los maestros, los disidentes y los institucionales. Trátase de una reforma de carácter fundamentalmente evaluativo que, pese a estar en teoría bien concebida, no ha podido caminar porque carece del sustento con el que podría contar si hubiera considerado la dura realidad de las regiones marginadas de México. El problema es que esos escenarios están distantes del entendimiento y la comprensión de esa cuadrada tecnocracia que pretendió imponer la nueva normatividad intimidando a los que tendría que haber beneficiado. Lo dicho hasta aquí -que quede claro- no implica que se comulgue con la barbarie de que se valen los profesores y sus simpatizantes para expresar sus protestas, mas reconózcase que, de no haber cometido tantos desmanes, quizá hoy no estarían sentados en la mesa de negociación con funcionarios a los que han obligado a deponer su inicial intransigencia.
El blindaje de los sinvergüenzas
Al impulso de esa irreversible tendencia hacia la transparencia, los gobernadores de las entidades federativas que están por concluir su encomienda van a ser objeto de puntillosas revisiones, máxime en estados en los que las oposiciones y la sociedad civil organizada pueden formar una clara mayoría, unidos en torno a una cruzada anticorrupción con la que coinciden y quieren participar. En respuesta, los mandatarios que se saben sospechosos de haber hecho mal uso de la hacienda a su cargo, se están valiendo -en contubernio con los congresos de sus respectivos estados- de un variado surtido de artimañas para evitar que, una vez lejos del poder, se les someta a incómodas comprobaciones. Atemorizados por esa eventualidad han promovido la incorporación de incondicionales a las magistraturas judiciales del estado; han respaldado el nombramiento de auditores a modo; han expeditado procedimientos para que los diputados que obedecen sus órdenes aprueben sus cuentas públicas y han designado fiscales en uso de una facultad que debieran dejar a sus sucesores. En contraste, los mandatarios que sí se condujeron con limpieza, los que no tienen motivos para eludir los escrutinios, esos, amigo lector, se han abstenido de triquiñuelas en razón de que no tienen nada que ocultar.
Nombramiento… ¿inoportuno?
Lo anterior viene a cuento por la designación que la legislatura tlaxcalteca en funciones hizo en favor de Héctor Maldonado Bonilla como magistrado del Tribunal Superior de Justicia. El citado profesional de la abogacía permanecerá en su cargo seis años, hasta el año 2022, y fue elegido de entre una terna remitida al Congreso local por el gobernador Mariano González Zarur. Maldonado Bonilla se había desempeñado, desde julio del 2012 hasta fecha reciente, como Consejero Jurídico del Ejecutivo del Estado. Se le recuerda, por ejemplo, entregando el paquete económico del 2016 al Congreso, en ceremonia a la que los medios dieron amplia difusión.
De Consejero Jurídico… a Magistrado del Tribunal
Por la suspicacia que el tema generó y por las objeciones legales que se le han hecho, el nombramiento agitó de inmediato la agenda política del estado. En primer término, porque puso en entredicho un asunto, el de la transparencia, que hasta el momento no lo estaba, y en segundo, porque en efecto la Constitución de Tlaxcala establece que, para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia, ha de cumplirse con la condición de “…no haber sido servidor público de primer nivel durante el año anterior a su designación…”. Si el artículo que así lo dispone no se ha modificado, los legisladores debieron devolver la propuesta al gobernador, dada la obvia inelegibilidad de por lo menos uno de los integrantes de la terna, en este caso, precisamente la de quien a la postre resultaría designado por el Congreso. Mas como podría alegarse que el cargo de Consejero Jurídico no es de primer nivel, es pertinente conocer las atribuciones de que está investido y la cercanía implícita entre quien se desempeña como tal y el titular del Ejecutivo Estatal.
¿Es de “primer nivel” la Consejería Jurídica?
Vayamos al punto. El Consejero Jurídico representa al mandatario estatal en todas las controversias que protagoniza como actor -Artículo 105 de la Constitución Federal- así como en los juicios en los que con cualquier carácter está inmiscuido. Le proporciona asimismo asesoría y apoyo técnico jurídico para garantizar la constitucionalidad de los actos jurídicos en que interviene. Termino destacando que la función del consejero es tutelar al Ejecutivo en todo evento en que se requiera vigilar la legalidad de sus decisiones. Lo anterior da cuenta no sólo de la importancia que reviste para un gobernador tener a su lado un experto en leyes, sino también de la confianza y proximidad que ha de prevalecer entre ambos.
¿Error político… o curación en salud?
Pero más allá de esa opinable discusión, lo que generó desconcierto es que el gobernador González Zarur ubicó en el Tribunal Superior de Justicia del Estado a uno de sus colaboradores más íntimos, justo cuando esa clase de medidas están siendo tomadas por aquellos de sus homólogos indiciados de malversaciones cuantiosas. La decisión pues parece no tener sentido, habida cuenta que no se sabe de ninguna cuestión que pudiera haberle aconsejado tomar similares precauciones. Salvo los señalamientos de favoritismo y parcialidad en la contratación de la obra pública que le hizo Lorena Cuéllar en la Cámara de Senadores, no se tiene noticia de que el mandatario haya sido objeto de más imputaciones similares. En todo caso, si en efecto existieron irregularidades, estas nunca fueron ratificadas en procura de justicia ante la autoridad competente.
La del auditor del Estado, designación crucial
Asunto vinculado al anterior es la inminente designación por el Congreso del titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. El punto reviste la mayor importancia porque esa será la piedra de toque que sume o reste fuerza a los recelos desatados a partir del nombramiento de Maldonado Bonilla. La opinión pública va a estar muy pendiente los siguientes días del nombre del auditor del que, como se sabe, depende la calificación de las cuentas públicas de todos los entes fiscalizables de la entidad, incluidas por supuesto las de las dependencias directamente vinculadas al Ejecutivo Estatal. Se trata, sin duda, de una cuestión crucial que inclinará la balanza de la credibilidad hacia uno u otro lado. Vea usted, amigo lector: si el Congreso se decantara otra vez Crispín Corona Gutiérrez -o por alguno de sus contables afines- habrá razón para que crezca la desconfianza en la certeza y transparencia de la gestión del gobernador González Zarur; si por lo contrario, lo hace por un candidato que de verdad sea ajeno al círculo de su influencia, se dará un paso importante hacia la restauración de una confianza que, seguramente sin proponérselo, él mismo puso en tela de juicio. Y si antes de que le sea exigida, hace pública espontáneamente su 3 de 3, entonces cortará de tajo con toda suerte de reservas en torno a la pulcritud con que manejó las finanzas en su gobierno.
Elementos para el balance final
El tiempo de valorar la gestión del gobernador está por llegar. Conviene sin embargo aguardar a que se acerque el término de su mandato para profundizar en el análisis de lo realizado y así poder comparar sus cifras con las registradas en el país en el mismo periodo, en rubros tales como crecimiento económico, empleo, inversión nacional y extranjera, migración, seguridad, procesos electorales, etc., incluyendo además otros aspectos como su relación con los medios de comunicación, con sus ex colaboradores, con los diferentes gremios y hasta con la iglesia. Todo ello, sin dejar de lado sus improvisadas declaraciones, sus anécdotas… y también sus exabruptos.
Para la Primera Plana
Al impulso de la irreversible tendencia hacia la transparencia que priva en el país, los gobernadores de las entidades federativas que están por concluir su encomienda van a ser objeto de puntillosas revisiones, máxime en estados en que las oposiciones y la sociedad civil organizada pueden formar una clara mayoría, unidos en torno a una cruzada anticorrupción con la que coinciden y en la que quieren participar.