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En cualquier democracia funcional, la división de poderes es la garantía mínima de que el poder no se concentre ni se utilice para fines personales o facciosos. Por eso, cuando hay señalamientos sobre la posible utilización de estructuras vinculadas al Poder Judicial para actividades de promoción política, el problema es grave.
En Tlaxcala, versiones que circulan en el ámbito político apuntan a que figuras del Poder Judicial -como su presidenta, Margarita Amador Montes y la magistrada Mildred Murbartián Aguilar- estarán operando brigadas de alrededor de 20 personas cada una, bajo el argumento de realizar encuestas.
El señalamiento, sin embargo, adquiere otro cariz cuando se afirma que dichas brigadas también distribuyen propaganda con el nombre de Alfonso Sánchez García, además de colocar lonas en distintas secciones electorales.
Si esto es cierto, las preguntas son inevitables: ¿de dónde provienen los recursos? ¿Se trata de financiamiento privado o, peor aún, de dinero público? La opacidad en este punto no solo alimenta la sospecha, sino que compromete la credibilidad de una institución que, en teoría, debe ser ajena a la contienda política.
El contexto político local tampoco es irrelevante. La cercanía entre actores del Poder Judicial y figuras del Ejecutivo estatal, como la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, así como la operación política atribuida a liderazgos partidistas como Marcela González, dibuja un escenario donde las fronteras entre poderes se vuelven difusas. En este marco, los señalamientos de “agradecimientos políticos” dejan de ser una simple especulación y se convierten en un tema que exige esclarecimiento.
No se trata de negar la participación política de los individuos -derecho legítimo en cualquier democracia-, sino de subrayar que quienes ocupan cargos en el Poder Judicial están sujetos a estándares más estrictos de imparcialidad. La justicia no solo debe ser independiente, sino que debe parecerlo. Y cuando magistrados o magistradas son vinculados con actividades de promoción política, ese principio se erosiona.
Además, el uso de estrategias como encuestas simuladas, reparto de propaganda encubierta o colocación de materiales proselitistas a través de estructuras presuntamente institucionales no solo plantea un dilema ético, sino también posibles implicaciones legales. En México, la legislación electoral y las normas de responsabilidades administrativas son claras respecto al uso indebido de recursos públicos y la intervención de servidores públicos en procesos políticos.
El silencio institucional frente a estos señalamientos tampoco ayuda. Ni el Poder Judicial local ni las autoridades electorales han ofrecido, hasta ahora, una postura clara que permita disipar dudas. Y este vacío de información suele llenarse con desconfianza.
Lo que está en juego es la salud democrática del estado. Si los poderes se subordinan entre sí mediante favores, cuotas o lealtades, la ciudadanía pierde porque entonces la justicia deja de ser un contrapeso y se convierte en una extensión del poder político.
La pregunta de fondo es clara: ¿quién vigila a quienes deberían garantizar la legalidad? Mientras no haya respuestas claras, cualquier esfuerzo por fortalecer la confianza en las instituciones será insuficiente. Y en democracia, vale la pena recordarlo, la confianza es difícil de recuperar.