Contubernio flagrante de la clase política para llevar a Raúl Cervantes Andrade a la antesala de ese cargo
El sistema, sin voluntad real ninguna para depurar de deshonestos al aparato administrativo del Estado
La prensa libre y la sociedad civil, barricadas últimas de México para lograr abatir corrupción e impunidad
No hay duda de que cualquier intento serio que se haga en México para reconstruir la credibilidad en sus autoridades -cualesquiera que estas sean, y cualquiera su nivel- pasa obligadamente por ofrecer a la sociedad pruebas de que existe genuina voluntad de enmendar los excesos cometidos. Así mismo, hay una absoluta coincidencia en que es la corrupción el fenómeno que ha incidido con mayor fuerza en ese extravío de la confianza en las instancias oficiales. Ambas certezas, creo yo, deben guiar los pasos de aquellos que están por asumir -unos ya lo han hecho- el mando político en los estados de la República en los que hubo elecciones el pasado 5 de junio. Si no lo hicieren así, es posible que el malestar ciudadano acabe por entorpecer su gestión; en cambio, si acometen con prontitud y decisión la labor higienizante que de ellos se espera, estarán en aptitud de recuperar el respaldo perdido. La fórmula es sencilla: bastará con aplicar la ley a los deshonestos y establecer patrones preventivos que impidan la repetición de los latrocinios registrados en sus respectivas entidades, poniendo en marcha -sin candados que lo entorpezcan- el esperado Sistema Nacional Anticorrupción. Lo que ya no se puede hacer es seguir adelante dando la espalda a la realidad.
Voy derecho y no me quito…
Eso, ignorar la realidad y desdeñar el sentir de la gente, es justamente lo que ha hecho el presidente Peña Nieto y los señores senadores de la República, el primero al proponer, y los segundos al aprobar en fast track, el nombramiento de Raúl Cervantes Andrade como Procurador General de Justicia. Este señor es el mismo al que, el año pasado, la opinión pública le cerró el paso a la Suprema Corte, al considerarlo inelegible para el cargo en virtud de ser militante activo del PRI, familiar del consejero jurídico de la Presidencia Humberto Castillejos y, para mayor inri, abogado de Peña Nieto y del priísmo en la campaña que llevó a Los Pinos al mexiquense. La desafortunada designación no tendría demasiada importancia si se tratara tan sólo de cubrir un corto interinato; empero, no es así: la figura del Procurador -conforme a la nueva ley- será sustituida por la de un Fiscal General de la República que se mantendrá en funciones -a partir de su ratificación- por largos nueve años. Recordemos que el cargo de Fiscal General fue concebido como una de las piezas claves del Sistema Nacional Anticorrupción y que, por lo menos en teoría, se suponía que habría de funcionar fuera de la órbita del Ejecutivo Federal.
Las protestas
Las voces de airado reclamo que se han alzado ante semejante imposición no provinieron -como era de esperarse- de los partidos políticos de oposición, paralizados en un mutismo que desprende el nauseabundo tufo de la complicidad. Mas como ya se está haciendo afortunada costumbre, fueron los comunicadores que militan en la prensa libre y los organismos emanados de la sociedad civil quienes han advertido del despropósito de la clase política, empeñada en desactivar la causa de la anticorrupción. Menciono el caso de México Unido contra la Delincuencia que, valiéndose de una expresión empleada por Peña Nieto, hizo saber en un comunicado que: “…joder al país es -por poner un ejemplo- permitir que se nombre a un Fiscal General sin consensuarlo con el resto de los partidos y con representantes de la judicatura, no sólo con sus amigos y sin ninguna discusión pública…”. La citada ONG es una asociación civil que actúa desde hace veinte años en defensa de las víctimas del delito y que tiene bien demostrada su probidad.
Blindaje… ¿cómo para qué?
El maquiavelismo de la designación de Cervantes Andrade se hace aún más patente por el hecho de que el periodo para el que va a ser promovido abarcará a tres distintos presidentes, lo que claramente deja ver que el objetivo de la maniobra no sólo es darle chamba a uno de los cuates más fiables del grupo. No, amigo lector, lo que en realidad se persigue es garantizar protección para quienes pudieran haber delinquido durante la presente administración. Se trata de una réplica al carbón de la estrategia que por lo menos dos de los gobernadores salientes intentaron plasmar en las leyes de sus respectivos estados, pero que, según entiendo, fue declarada improcedente por la Suprema Corte de Justicia. Uno se pregunta: ¿es con esta clase de artificios como pretende Peña Nieto recobrar la confianza de que llegó a disfrutar al inicio de su gestión con la firma del Pacto por México y la ulterior aprobación de las reformas derivadas del acuerdo? ¿o acaso lo que estamos viendo no es más que un intento de ponerse a salvo de posibles futuras incriminaciones?
El tamaño de las desviaciones
A la desbocada corrupción que es lamentable característica del México de este tiempo, es necesario ponerle freno. Mucho nos va en ello. Esa práctica, enquistada en nuestra vida diaria, va siempre acompañada de la impunidad y, además de avergonzarnos como nación, entre ambas se han constituido en el mayor impedimento para que el país crezca y se desarrolle. Lo acontecido en los gobiernos de las entidades federativas, aunado a lo que se estima que se malversa en el ámbito del gobierno central, rebasa todo lo imaginable. Si bien el costo de esa enorme sangría de recursos públicos que representa la corrupción y el despilfarro, es por sus propias características y las condiciones en que ocurre, muy difícil de cuantificar; sin embargo, hay ponderaciones que la ubican a esa sangría por encima del 5% del Producto Nacional Bruto, lo que equivaldría a alrededor de 700 mil millones de pesos anuales.
Pero… ¿donde está México?
Los datos que siguen dan cuenta del puesto que en el ranking mundial nos corresponde, de acuerdo a la medición de la percepción de la calidad de nuestra justicia penal que tenemos los propios ciudadanos mexicanos. El World Justice Project (WJP por sus siglas en inglés), ubica a México en el lugar 108 entre un total de 113 países evaluados, apenas por encima de países como Somalia y Haití. Pero no nos digamos sorprendidos: mientras sigamos careciendo de mecanismos efectivos para hacer inexcusable la rendición de cuentas, y en tanto continúe siendo una mera entelequia la división de poderes, los titulares de los ejecutivos -tanto el federal como los estatales- podrán seguir haciendo lo que en gana les venga con los recursos públicos que manejan.
Por favor, ya no más atole …
De que el mal es grave todos estamos ciertos, y de que ha escalado cotas nunca antes conocidas, también. Están a mi juicio completamente errados quienes creen que, al igual que en anteriores sexenios priístas, el problema se arreglará con unos cuantos paños calientes aplicados a las purulencias más visibles del sistema. Enrique Ochoa Reza, el improvisado valido de Peña Nieto en el PRI, parece inclinado a pensar que bastará con sacrificar a uno o dos de los saqueadores más connotados para saciar la sed de justicia de un pueblo que ha sido brutalmente expoliado. Hacia ello apunta el tono celebratorio de su declaración, difundida a raíz de la expulsión de Javier Duarte de las filas de su partido. Trátase -dijo- de “…una magnífica noticia para los mexicanos…”. Si tiempo hubo en que se nos engañaba con facilidad, en la actualidad puede estar cierto el líder tricolor que tendrá que hacer mucho más para conseguir reengancharse en el ánimo de una sociedad informada que dispone de canales de expresión -y de intercomunicación entre sus miembros- de los que antes carecía.
Mal generalizado
Cabe preguntarse: ¿de verdad pensará el dirigente nacional del tricolor que es motivo de algarabía y júbilo nacional que al prófugo ex gobernador de Veracruz le hayan retirado el carnet de miembro activo del PRI? ¿en serio asume que la indignación social menguará por el sólo hecho de que ese significado sinvergüenza -me refiero a Duarte- haya sido expulsado del partido que lo engendró? En un artículo de los muchos interesantes que para El Universal escribe Ricardo Raphael, con un cúmulo de argumentos sólidos discrepa de que Duarte sea un “…tumor extraño, irrepetible, único y acotado…” del cuerpo político; en su opinión, simplemente se trata de “…un político más torpe que el promedio…”. El patético renunciado mandatario no es la excepción sino -transcribo textual a Ricardo- “…es la constante del sistema y no un chipote. Es la media y no los extremos. Es el resultado de una política esencialmente corrupta que, buscando curarse en salud, eligió a un gobernante tonto para usarlo como chivo expiatorio…”. Así, ¿o mas claro?
P.D. Este escribidor se hará cargo un año más de las crónicas de las corridas de toros de la Feria. En esa virtud, Tiempos de Democracia volverá a este espacio al término de dichos festejos. Hasta entonces.