La milicia demanda garantías y amplia permisibilidad para seguir combatiendo a los cárteles de las drogas
El poder civil contra la pared: en diez años no supo estructurar una Policía Nacional eficiente y honesta
No es ocioso seguir los pasos de los cuerpos de seguridad que funcionan exitosamente en otros países
Sin desestimar ni por asomo la valiosa aportación de las fuerzas armadas del estado mexicano a las tareas de contención del narcotráfico que le fueron encomendadas, es llegado el momento de repensar su organización, incluyendo en el análisis la conveniencia de transformarlas paulatinamente en un cuerpo policíaco nacional bajo mando civil, responsable de la seguridad interior del país. Se que la sola idea escandalizará a muchas buenas conciencias, educadas en la tradición del respeto a soldados, aviadores y marinos que en etapas difíciles de la historia supieron defender con gallardía nuestra soberanía. Empero, las circunstancias del mundo actual ha reducido su papel al de mero símbolo, respetable y emblemático sí, pero sin la capacidad de ataque y defensa necesaria para permitirles cumplir la función con la que -en épocas pasadas- se crearon los ejércitos de tierra, mar y aire.
Policía Nacional
Nuestra extensa frontera con la mayor potencia militar que han conocido los tiempos haría risible todo intento de tener un ejército que pudiera parangonarse en capacidad bélica con la que tiene el norteamericano; estoy cierto que ni el más fervoroso patriota pensaría seriamente en un despropósito semejante. Así pues, desechada por absurda esa alternativa, la obra a la que el gobierno debe dedicar -pero ahora sí de verdad- su mejor esfuerzo es a construir una Policía Nacional capaz de encarar con posibilidades de éxito el combate versus el crimen. Hablo de una corporación cuyas atribuciones queden diáfanamente definidas en la ley que para ese efecto específico apruebe el Congreso. Y dada la emergencia que vive el país, el contingente inicial de esa Policía Nacional bien podría integrarse con una selección de efectivos provenientes de las mismas fuerzas armadas, de tal suerte que sea la columna vertebral de la nueva corporación. Además, de algo tendrá que servir la experiencia que dejo la Gendarmería intentada a principios de este sexenio.
Casos a estudiar
Hay ejemplos a los cuales imitar, como el de los Carabineros de Chile, una institución policial técnica de carácter militar que integra las fuerzas del orden y seguridad de ese país y que se complementa con la Policía de Investigaciones, un órgano que emplea métodos científicos en la investigación criminalística y actúa como coadyuvante del Ministerio Público. De acuerdo a encuestas privadas y oficiales, esta policía está situada entre las instituciones estatales más creíbles de ese país hermano. Puede también citarse el caso de la Guardia Civil española, un instituto armado también de naturaleza militar, dependiente del Ministerio del Interior. Su misión es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los españoles, además de garantizar la seguridad ciudadana. Otra fórmula aplicable es la italiana que tiene dos cuerpos separados de seguridad y orden público, el de la Policía, dependiente del Ministerio del Interior, y el de los Carabinieri, que atiende órdenes del Ministerio de Defensa y tiene un status militar. Ambos cuerpos tienen definidos sus ámbitos de operación y funcionan de manera coordinada. O también la opción francesa, que divide sus ámbitos de acción en materia de seguridad entre su Policía Nacional (la Sureté Nationale) con la Gendarmería de Francia. Como se ve, en sistemas y estilos hay variantes y diferentes denominaciones, pero todos los citados tienen una característica común: la confianza que despiertan entre la ciudadanía a la que cuidan.
Constitución vulnerada -1-
En el Poder Legislativo hace ya tiempo que se discuten los términos del Artículo 29 constitucional. Dicha disposición precisa que en circunstancias de apremio que “…pongan a la sociedad en grave peligro o conflicto…”, el presidente de la República -con la aprobación del Congreso-, podrá suspender “…las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente la situación…” […] “…pero deberá hacerlo por un tiempo limitado…”. La temática que hoy se analiza deriva de que, hace diez años, el presidente Felipe Calderón ordenó a las fuerzas armadas pacificar las regiones del país -en aquel primer caso fue Michoacán- cuya vida se había visto alterada a causa del narcotráfico. Así, sin más, el mandatario transformó en policías persecutoras de traficantes a soldados y a marinos cuya preparación y destreza están destinadas a realizar otra clase de tareas. Es de justicia notar que, desde ese tiempo, los mandos militares pidieron una iniciativa que adecuara el marco constitucional a las circunstancias del caso.
Constitución vulnerada -2-
Sin embargo, sin ajuste legal ninguno y contraviniendo la Constitución que en su artículo 129, en lenguaje claro y terminante, ordena que “…en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar…”., soldados y marinos comenzaron a patrullar calles, a establecer retenes en carreteras, a interrogar civiles, a revisar sus pertenencias, etc., etc. Esas actividades suscitan lógicamente situaciones en las que a diario se violentan las garantías individuales de los ciudadanos. No podía esperarse otra cosa; en cumplimiento de las órdenes recibidas y actuando conforme a la disciplina para la que es entrenada, la tropa pasó no pocas veces por encima de los derechos de la gente, generando frecuentes “daños colaterales” -es decir, muertes inocentes-, conflictos sociales repetidos y, consecuentemente, reclamos mediáticos y judiciales que hicieron muy incómoda la posición de las fuerzas armadas. Además, la supuesta temporalidad a que debió ceñirse su intervención se ha vuelto permanente, de forma irregular e inconveniente para todos.
Exigencia militar
En ese ríspido escenario, el general secretario Cienfuegos habló del asunto con inusitada severidad. Y lo hizo sin disimular su evidente contrariedad. Mas que solicitar, esta vez exigió que los políticos se pronuncien, o bien para devolver las fuerzas armadas a sus cuarteles, o bien para diseñar un formato legal que considere las condiciones imperantes y les permita llevar al cabo su encomienda sin quedar expuestos a reconvenciones judiciales. El crucial dilema planteado por los militares al poder civil está a la vista: 1) o se les da carta blanca para que hagan uso sin restricciones de los métodos de guerra que conocen y en los que son expertos o 2) deberá atenerse a sus corrompidos e ineficientes cuerpos policíacos, incapaz como ha sido de unificarlo bajo un mando, si no único sí por lo menos coordinado.
El estado de excepción
Las definiciones legislativas que están por venir son delicadas y pueden darle un giro complejo a México. Es crítico el momento, por más que haya quienes se empeñen en disminuir su real dimensión. Y es que, de insistir en la estúpida y sangrienta guerra contra las drogas en los términos en que el gobierno de Peña Nieto la sigue planteando, en efecto no habrá mas camino que seguir valiéndonos del Ejército y la Marina en el vano intento de someter a los cárteles. Puestos en ese escenario, lo que no se debe hacer es enviar al combate a soldados y marinos con las manos amarradas; se tendría que decretar el estado de excepción ahí donde lo pidan las fuerzas armadas. En este punto me detengo para que, antes de pronunciarse al respecto, los mexicanos de las presentes generaciones se informen de lo que supone vivir cuando los derechos ciudadanos no se aplican y, en su sustitución, las que rigen son medidas militares.
Repensar el Estado Nacional
Creo que es llegado el tiempo de volver a estudiar la organización del estado nacional, empezando por el modo con el que deben relacionarse el poder civil y el militar. Soy de la opinión que las naciones de tamaño intermedio y de poderío militar moderado como México, acabarán subrogando su seguridad nacional a organizaciones de asistencia militar de carácter regional del tipo de la OTAN o del Pacto de Varsovia. Serán fuerzas multinacionales a cuya integración contribuirán -con hombres, mujeres, equipo y financiamiento- los países que se acojan a ese sistema de defensa comunitario. Quizá pasen años antes de ver hecho realidad ese esquema futurista, pero no tengo duda que acabará materializándose. Un beneficio inmediato sería el de poder canalizar recursos de importante cuantía a atender problemas sociales, recursos que hoy se destinan a menesteres castrenses de muy relativa utilidad. No nos debe asustar esa determinación; ahora mismo hay países que ya la tomaron sin demérito de sus valores patrios. Costa Rica es uno de ellos, nación centroamericana cuyo ejemplo es, en muchos sentidos, es digno de imitarse. En fin, amable lector, estamos en el umbral de cambios que habrán de afectar -para bien o para mal- la convivencia de los mexicanos. Estemos atentos.
Para la Primera Plana:
En países de tamaño parecido al nuestro, el papel de sus fuerzas armadas se redujo al de meros símbolos, respetables y emblemáticos sí, pero sin capacidad de ataque y defensa para cumplir la función con la que -en siglos pasados- se crearon los ejércitos de tierra y de mar.