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El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, está recurriendo a una práctica que no solo degrada la vida pública, sino que la envilece. En su promoción anticipada y encubierta, él y su equipo de trabajo llevan a cabo abusos que disfrazan de normalidad administrativa.
Bajo el pretexto de “levantar encuestas”, lo que en realidad se despliega es una operación sistemática de propaganda política financiada y operada desde el propio aparato gubernamental. No hay matices. No hay ambigüedad. No se trata de ejercicios estadísticos ni de mecanismos de participación ciudadana: son brigadas de promoción que recorren casas para construir una narrativa favorable, forzada, artificial.
Lo más grave no es solo la simulación, sino el mecanismo que la sostiene. Trabajadores de distintas áreas del gobierno -muchos de ellos sin relación alguna con tareas territoriales- son obligados a salir a campo. No van por convicción, van por miedo. La instrucción es participar o atenerse a las consecuencias. Usan la amenaza laboral como herramienta política.
Luego viene el contenido. El guion que se repite puerta por puerta está plagado de afirmaciones que, por decirlo con cuidado, distorsionan la realidad. Se presenta a Alfonso Sánchez como fundador de Morena, se asegura que cuenta con el reconocimiento directo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se le coloca como figura cercana al poder federal y estatal, y se le vende -sin rubor- como la mejor opción para gobernar Tlaxcala.
Eso es propaganda, es inducción.
Pero el procedimiento no termina ahí. Después del discurso, viene la captura de datos. Se solicitan credenciales de elector, números telefónicos, información básica que supuestamente servirá para “registrar la participación”. Pero en los hechos, lo que se construye es un padrón paralelo: una base de datos de ciudadanos clasificados, segmentados y listos para ser contactados posteriormente con fines políticos.
El sistema tiene nombre, metodología y metas. Se alimenta diariamente con cientos de registros. Ya no se trata de esfuerzos aislados: hablamos de una operación estructurada que, según estimaciones internas, ha acumulado alrededor de 15 mil nombres en unas 300 secciones electorales. Y lo más revelador: ese mismo ejercicio reconoce que la aceptación del presidente municipal es baja en buena parte del territorio.
Ahí está el fondo del problema. No se está informando a la ciudadanía, se está intentando corregir artificialmente una realidad que no favorece.
La participación de dependencias completas en estas tareas confirma que no se trata de excesos individuales, sino de una estrategia institucionalizada. El caso de trabajadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado –órgano supuestamente autónomo- desplegados en comunidades como Xaltipa, en Contla, es ilustrativo y alarmante. ¿Desde cuándo la procuración de justicia se convierte en brigada de promoción política? Y más: ¿Quién autorizó que la procuración de justicia saliera a tocar puertas para promover a un alcalde?
La meta, además, es ambiciosa: alcanzar un padrón de 100 mil ciudadanos “promovidos” en las próximas semanas. Estamos hablando de ingeniería electoral en tiempo real, construida desde el poder público.
Este tipo de prácticas no solo violan principios básicos de equidad en la contienda; erosionan la confianza en las instituciones, sobre todo porque su gobierno ha dejado de gobernar para promoverse y los servidores públicos se han convertido en operadores políticos. El descaro total.