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Nadie formalmente lo admite, pero la carrera rumbo a 2027 ya comenzó. Por eso mismo, hay un dato que no puede pasarse por alto: varios actores del gobierno federal han empezado a dejar sus cargos para buscar candidaturas. No es un gesto menor, sino una señal política que debe leerse con cuidado.
La decisión de Claudia Sheinbaum Pardo de insistir ya varias veces en que quienes aspiren a un cargo de elección popular deben separarse de sus funciones públicas, empieza a traducirse en hechos. Su discurso es una línea que, al menos en algunos casos, ya se está cumpliendo.
Ahí está el ejemplo de Esthela Damián Peralta, quien dejó la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal para buscar una candidatura en Acapulco. Y más recientemente, movimientos dentro de la Secretaría de Economía, donde destaca la salida de Santiago Nieto Castillo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en un claro reposicionamiento rumbo al proceso electoral.
Lo que estamos viendo no es sólo una reorganización de perfiles. Es el intento de poner orden en la relación entre el ejercicio del poder y la competencia política, sobre todo porque el fondo del asunto no es administrativo, sino ético: quien aspira, no puede gobernar al mismo tiempo sin generar, al menos, sospechas legítimas.
Sin embargo, el criterio de la presidenta no se está aplicando de manera uniforme y, en Tlaxcala, el contraste es evidente. El presidente municipal de la capital, Alfonso Sánchez García, no sólo se mantiene en el cargo, sino que su nombre aparece cada vez con mayor frecuencia en el espacio público, impulsado por una estrategia de posicionamiento que difícilmente puede explicarse como un ejercicio espontáneo.
Las preguntas son inevitables: ¿cuándo hará lo mismo? ¿cuándo solicitará licencia?
No se trata únicamente de cumplir con una formalidad política, renunciar antes de competir, sino de evitar algo más delicado: el uso de recursos públicos para construir una candidatura. Ese es el punto que debería preocupar.
Las bardas, los espectaculares, las mantas y la constante presencia de su imagen no son neutras. Forman parte de una campaña que, aunque no se reconozca como tal, opera con lógica electoral. Y en ese escenario, la permanencia en el cargo deja de ser un asunto administrativo para convertirse en un factor de ventaja.
En democracia, aspirar es legítimo. El problema es hacerlo desde una posición que permite influir, gestionar recursos o construir visibilidad con herramientas que no están al alcance del resto de los competidores. Ahí es donde el llamado de la presidenta cobra sentido.
Si desde el gobierno federal ya se están dando pasos en esa dirección, lo mínimo esperable es que ese criterio se replique en los estados, de lo contrario, el mensaje será contradictorio: reglas estrictas para unos, flexibilidad para otros.
Tlaxcala está a tiempo de evitar ese escenario. Hasta hoy, Alfonso Sánchez García utiliza el poder no para servir, sino para competir con ventaja. Y ya es hora de que se detenga esa anomalía.