La finalidad, afirman, sería garantizar la colocación de aliados políticos en puestos clave, asegurando así el control de decisiones judiciales en beneficio del Ejecutivo.
Trascendió que el Secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, ha sido señalado por presuntamente intervenir de manera directa en el proceso de selección de magistraturas y nombramientos judiciales en el estado.
Las fuentes refieren que Ramírez Hernández ha “tirado línea” a sus subordinados y titulares de dependencias, instruyéndolos para apoyar a perfiles específicos que buscan integrarse a diversas instancias del Poder Judicial.
La finalidad, afirman, sería garantizar la colocación de aliados políticos en puestos clave, asegurando así el control de decisiones judiciales en beneficio del Ejecutivo.
Entre los cargos que estarían siendo operados desde la Secretaría de Gobierno se encuentran las magistraturas en materias civil, familiar, penal y de justicia para adolescentes. Las mujeres propuestas serían las actuales magistradas Mildred Murbartian Aguilar y Fanny Margarita Amador Montiel, además de Verenice García Zaldívar, titular del Centro de Justicia para las Mujeres.
Por parte de los hombres se menciona a Edgar Texis Zempoalteca, Ricardo Rodolfo Trejo Ortiz y Enrique Acoltzi Conde, este último buscando la reelección. Todos, según diversas versiones, gozan del visto bueno del Ejecutivo.
El Tribunal de Disciplina Judicial también se encuentra en el centro de las críticas. Entre los nombres que suenan para integrarlo están Dora Delia Hernández Roldán, actual directora de Notarías y Registros Públicos y gente de toda la confianza del encargado de la política interna a quien promovió para ocupar ese cargo y que cuenta con toda la confianza del funcionario, y Leopoldo Zárate García, ambos con cercanía a la titular del gobierno estatal.
Mientras que en el Tribunal de Justicia Administrativa, los aspirantes serían Luz María Vázquez Águila, Yadira Oriente Lumbreras y Manuel Vázquez Conchas.
Lo mismo pasa en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje también se vería beneficiado por afinidades personales: Jovita Pérez Galindo, y Alejandra Cosetl Flores, esta última cercana a la presidenta del Poder Judicial, Annel Bañuelos, encabezan la lista de perfiles. También figura Germán Mendoza Papalotzi, integrante del Consejo de la Judicatura y con nexos directos con el Ejecutivo.
Por su parte, en el Juzgado Laboral, se perfila la continuidad de Leobardo López Morales, colaborador en la Secretaría de Educación Pública del Estado.
Más allá de los tribunales superiores, los nombramientos en juzgados de primera instancia también han generado controversia, destacando por la proliferación de vínculos familiares, afinidades políticas y posibles casos de nepotismo.
Las designaciones han generado alarma entre juristas, observadores políticos y organizaciones de la sociedad civil, quienes señalan que estos nombramientos podrían representar una captura sistemática del Poder Judicial por parte del Ejecutivo, comprometiendo la independencia judicial, el equilibrio entre poderes y el derecho de los ciudadanos a una justicia imparcial.
Esta estrategia no solo consolida el poder político del actual gobierno estatal, sino que también socava gravemente la legitimidad de las instituciones judiciales, abriendo la puerta a una justicia subordinada a intereses políticos.