Adán augusto sin poder ir a Estados Unidos, ya tiene orden allá

*La tormenta judicial: el cerco internacional que mantiene en tensión a la clase gobernante

*Adán Augusto, Marina del Pilar, Rocha Moya son de los primeros en estar en la picota de la justicia norteamericana, YA TIENEN ORDEN DE APREHENSIÓN

CDMX.- Los expedientes no hablan. Permanecen cerrados durante meses o años, acumulando nombres, fechas, testimonios, cruces financieros y comunicaciones que rara vez salen a la luz. Sin embargo, cuando esas piezas comienzan a converger en distintos despachos de investigación y en tribunales de varios países, el silencio deja de ser una estrategia para convertirse en un síntoma. Detrás de esa aparente calma se libra una disputa política, judicial y diplomática que trasciende fronteras y coloca bajo escrutinio a figuras de primer nivel del poder mexicano.

La cooperación entre autoridades estadounidenses y mexicanas en materia de delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de dinero y corrupción ha abierto un escenario inédito. Mientras unas investigaciones avanzan discretamente y otras permanecen bajo reserva, los movimientos políticos, las decisiones diplomáticas y las declaraciones públicas alimentan un clima de incertidumbre que mantiene la atención sobre diversos actores del poder. Más allá de los discursos oficiales y de las versiones encontradas, la verdadera batalla se desarrolla en los expedientes, donde cada documento, cada declaración y cada evidencia pueden modificar el rumbo de una investigación de alto impacto.

En esta primera entrega se analizan los antecedentes, el contexto jurídico y los hechos que han colocado a distintas figuras políticas en el centro de la discusión pública, así como el alcance que puede tener la cooperación internacional en el combate a las organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera.

Una Corte del Distrito Sur de Nueva York es la que ya tiene órdenes de aprehensión contra algunos de los políticos mexicanos de alto nivel, estas órdenes de arresto solo están en territorio americano, sin embargo, el Departamento de Estado y las agencias de seguridad norteamericanas, están realizando una estrategia a través de Marco Rubio, que buscaría desmantelar a los dos cárteles más poderosos del planeta y a su brazo político que en el caso de México es el partido Morena.

Entre otros delitos se les acusa de:

Delincuencia organizada: Colusión directa con estructuras criminales para operar con impunidad.

Tráfico de drogas y armas: Facilitar el trasiego masivo de narcóticos hacia Estados Unidos o el control territorial de rutas.

Lavado de dinero: Ocultar recursos financieros obtenidos del crimen mediante bienes raíces y empresas fachada.

Cohecho y uso indebido de funciones: Recibir sobornos a cambio de brindar protección policial o institucional a los capos.

Aquí en esta primera entrega podemos señalar que después de tener a la vista las solicitudes de arresto los funcionarios en cuestión por obvias razones han guardado silencio y se han refugiado en total hermetismo, saben que la tienen muy difícil ante la autoridad norteamericana y que la protección y el refugio en México no será eterno.

Entre otros personajes políticos destacan:

Adán Augusto López Hernández

El senador de Morena, Adán Augusto López, no ha dejado de estar en el ojo público y aunque aseguró la semana pasada en el pleno de la Cámara Alta que las acusaciones en su contra lo tienen sin cuidado, esta vez es el gobierno de Estados Unidos quien lo tiene en la mira y ya cuenta con una orden de aprensión en los Estados Unidos, la cual aún no tiene carácter de internacional, pero una vez que pise suelo norteamericano ya puede ser arrestado, de ahí su negativa a viajar a aquel país. A él se le acusa de liderar una red “Su red involucra de manera profunda a exfuncionarios durante su gobierno en Tabasco, en la Secretaría de Gobernación, empresarios y políticos en cargos de elección popular, así como exgobernadores”, incluso la indagatoria a la que tuvo acceso este rotativo se observa que la investigación de Estados Unidos menciona el tráfico de drogas en su modalidad de cohecho o facilitador, también menciona a los Cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, quienes lo involucran en otros negocios criminales y lo relaciona con el gobierno de Venezuela.

Rubén Rocha Moya

El gobernador de Sinaloa de 76 años de edad enfrenta cargos de conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Por dichas acusaciones podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua o el mínimo obligatorio de 40 años de prisión, de acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense.

Enrique Inzunza Cázarez

El actual senador morenista y ex secretario general de Sinaloa de 53 años enfrenta los cargos de conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos por los que podría enfrentar una pena de cadena perpetua o el mínimo obligatorio de 40 años de prisión.

Juan de Dios Gámez

Juan de Dios Gámez, actual alcalde de Culiacán es señalado de conspiración de importación de estupefacientes; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos por los que Estado Unidos busca imponer una cadena perpetua o el mínimo obligatorio de 40 años de prisión.

Marina del Pilar Ávila Olmeda

Militante del partido Movimiento Regeneración Nacional. Actualmente es gobernadora del Estado de Baja California, desde el 1 de noviembre de 2021 a ella se le fincan cargos de conspiración, narcotráfico, lavado de dinero, ser facilitadora del crimen organizado en territorio norteamericano, al igual que Adán Augusto López cuenta ya con una orden de aprensión en territorio norteamericano, pero sin el carácter de internacional por el momento.

Es importante destacar que el Gobierno de Donald Trump está negociando con el Gobierno de Claudia Sheinbaum para la entrega de varios gobernadores y funcionarios de alto nivel, incluso el mandatario norteamericano está utilizando el tratado de Libre Comercio para acorralar y ejercer presión sobre el gobierno de México.

Las declaraciones de Ismael Zambada tienen en la picota a muchos gobernadores actuales sobre todo y al propio expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien a decir de declaraciones del “Mayo Zambada” le ayudaron a financiar su campaña.

Los registros de las declaraciones de Ismael Zambada en la Corte de Nueva York han sido el sepulcro para Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto López Hernández y un sinfín de Gobernadores y funcionarios que están inmiscuidos en esta trama de conspiración, lavado de dinero y narcotráfico.

Para que una orden de aprehensión local o federal en Estados Unidos se convierta en una alerta internacional, conocida formalmente como Ficha Roja de Interpol, se requiere una orden de arresto emitida por un juez federal, una solicitud oficial de la fiscalía a través de la oficina central nacional de Interpol en Washington y la validación del delito bajo los tratados de extradición vigentes.

Ya hay órdenes listas, para 10 de los 17 gobernadores investigados por las agencias norteamericanas, esas órdenes están en el entorno local, en espera de según el termómetro político hacerlas internacionales, para lo cual falta lo siguiente:

Requisitos y Proceso

•Orden de arresto vigente: Debe existir una orden judicial de captura activa en un tribunal de Estados Unidos por un delito grave que rebase las fronteras

Solicitud a la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) y USNCB: La fiscalía a cargo del caso debe tramitar la petición ante el Departamento de Justicia y la oficina de Interpol en EE. UU. para coordinar la emisión de la Notificación Roja. Gravedad del delito: El ilícito debe constituir un crimen común punible tanto en la ley estadounidense como en los convenios internacionales (se excluyen delitos políticos o militares). Trámite de extradición: La Ficha Roja funciona solo como una alerta de localización y detención preventiva; el gobierno de EE. UU. debe comprometerse formalmente a presentar una solicitud de extradición por vía diplomática en el plazo establecido por el tratado con el país donde se ubique el sospechoso. En ese sentido es evidente que depende de la cooperación del gobierno mexicano para que salgan o no salgan dichas fichas rojas de Interpol, es evidente que como el caso de Rubén Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum va a defender a sus correligionarios y sobre todo a su mesías, Andrés Manuel López Obrador. Lo que se antoja difícil es ¿saber cuánto tiempo? Las elecciones en México están en puerta y las intermedias en el vecino país del norte también, eso va a ser un factor importante para que se decida el futuro de muchos narcos gobernadores, sin duda alguna.

Por su parte la Drugs Enforcement Administration, DEA, por sus siglas en inglés, junto con otras agencias de seguridad de la Unión americana, siguen con las indagatorias a 17 gobernadores y más de 150 políticos, empresarios y funcionarios mexicanos, cabe señalar que el 90 % de estos son emanados del partido Morena.

Entre los que destacan: • Adán Augusto López Hernández, senador y exgobernador de Tabasco • Cuitláhuac García Jiménez, exgobernador de Veracruz • Roció Nahle García, gobernadora de Veracruz • Alejandro Gertz Manero, exfiscal y embajador de México en Reino Unido • José Luis Peña y Peña, esposo de la gobernadora Rocío Nahle • Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas • Pedro Haces Barba, diputado y líder sindical • Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California • Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas • Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche • Omar Terrazas García, esposo de la gobernadora Mara Lezama • Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León • Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí • Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena e hijo del expresidente AMLO • Mara Elena Hermelinda Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo • Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero • Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala • Rafael Marín Mollinedo, ex titular de Aduanas

Es importante destacar que todos estos personajes tienen abiertas indagatorias en los estados unidos y otros países por colaborar con el crimen organizado, lavado de dinero, uso de recursos de procedencia ilícita, conspiración y otros cargos que los Estados Unidos consideran graves y que al traspasar fronteras se hacen acreedores a una orden de arresto internacional.

Las investigaciones de alto nivel rara vez concluyen con estridencia. Su desenlace suele escribirse entre resoluciones judiciales, tratados de cooperación internacional, solicitudes de asistencia legal y decisiones políticas que pocas veces ocurren frente a las cámaras. Mientras tanto, los expedientes continúan creciendo y las autoridades siguen integrando información cuyo verdadero alcance solo podrá conocerse cuando exista una determinación judicial definitiva.

En un escenario donde confluyen intereses políticos, seguridad nacional, relaciones bilaterales y el combate al crimen organizado, cualquier conclusión anticipada sería precipitada. Lo que permanece indiscutible es que la relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más complejos en materia de procuración de justicia y cooperación internacional.

La historia aún no ha terminado de escribirse. Si las investigaciones prosperan, los tribunales serán los encargados de determinar responsabilidades conforme al debido proceso. Si no lo hacen, quedarán como otro episodio de una larga confrontación política y judicial. En cualquiera de los dos escenarios, el desenlace tendrá consecuencias que irán mucho más allá de los nombres involucrados: pondrá a prueba la fortaleza de las instituciones, la credibilidad de los sistemas de justicia y la capacidad de ambos países para enfrentar a las estructuras criminales sin convertir la justicia en un instrumento de disputa política.