Las omisiones en transparencia se prolongaron por más de un año y ahora obligan al Ayuntamiento de Ayometla y al alcalde a enfrentar una multa superior a los 50 mil pesos.
Ayometla se encamina a convertirse en el primer municipio de Tlaxcala en enfrentar una sanción económica derivada directamente del incumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia, luego de que diversas omisiones permanecieran sin ser subsanadas durante más de un año, pese a las oportunidades otorgadas para corregirlas y acreditar el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la normativa vigente.
Norberto Sánchez Briones, titular de Transparencia para el Pueblo, informó que las resoluciones correspondientes ya fueron firmadas y que durante esta semana se llevará a cabo la notificación formal de las sanciones, con lo que concluirá el procedimiento que se mantuvo abierto debido a las irregularidades detectadas en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento.
La multa supera los 50 mil pesos y alcanza tanto al Ayuntamiento como al presidente municipal, debido a que la administración no logró corregir las observaciones realizadas ni acreditar que hubiera completado las acciones necesarias para incorporar y mantener disponible la información pendiente en la plataforma oficial. De acuerdo con el funcionario, durante el procedimiento jurídico el municipio contó con la posibilidad de presentar argumentos, atender las observaciones y subsanar las deficiencias señaladas; sin embargo, la respuesta presentada no permitió acreditar que las irregularidades hubieran quedado corregidas.
Ante la falta de cumplimiento, Transparencia para el Pueblo determinó aplicar las sanciones previstas en la legislación, convirtiendo el caso de Ayometla en un precedente para las administraciones municipales que mantienen rezagos en materia de transparencia y que, pese a los mecanismos de acompañamiento y capacitación, no cumplen con las obligaciones que les corresponden.
Sánchez Briones advirtió que la aplicación de la ley no contempla excepciones para los gobiernos municipales y dejó abierta la posibilidad de que las sanciones aumenten en caso de reincidencia. Explicó que la legislación establece distintos supuestos que pueden derivar en penalizaciones de mayor cuantía cuando las autoridades persisten en el incumplimiento de sus obligaciones, por lo que la sanción contra Ayometla podría representar apenas el inicio de una etapa de mayor vigilancia sobre los ayuntamientos con bajos niveles de cumplimiento.
El funcionario también reconoció que persisten importantes rezagos en materia de transparencia a nivel municipal. Aunque el número de ayuntamientos considerados en “foco rojo” disminuyó de 33 a 27, estos municipios continúan registrando menos del 59 por ciento de cumplimiento de sus obligaciones, situación que los coloca como los gobiernos locales con mayores deficiencias en la publicación de información pública.
El panorama estatal muestra además que 12 municipios registran niveles de cumplimiento de entre 60 y 69 por ciento; cuatro se encuentran entre 70 y 79 por ciento; otros 15 alcanzan entre 80 y 89 por ciento, mientras que únicamente dos se aproximan al 100 por ciento. Las cifras evidencian que, aunque existe una reducción en el número de municipios con mayores rezagos, el cumplimiento continúa siendo desigual y una parte importante de los ayuntamientos todavía se encuentra lejos de garantizar un cumplimiento integral de sus obligaciones.
Transparencia para el Pueblo ha señalado que previamente se han impartido capacitaciones y talleres dirigidos a los gobiernos municipales para facilitar el manejo del nuevo portal y proporcionar herramientas que permitan a los funcionarios cumplir con la publicación, actualización y disponibilidad de la información que establece la legislación. Sin embargo, el caso de Ayometla demuestra que el acompañamiento técnico no elimina la responsabilidad de las autoridades de atender oportunamente las observaciones y mantener actualizada la información que debe encontrarse disponible para consulta pública.
La sanción adquiere especial relevancia porque coloca en el centro del debate el nivel de cumplimiento de los gobiernos municipales y la responsabilidad que tienen las autoridades de garantizar el acceso a la información pública. En el caso de Ayometla, el procedimiento pasó de las observaciones y oportunidades de corrección a una consecuencia económica, luego de que las irregularidades permanecieran sin ser subsanadas durante un periodo prolongado.
Con la notificación de la resolución, el Ayuntamiento y el presidente municipal deberán enfrentar una sanción que supera los 50 mil pesos, mientras que los demás municipios que permanecen en niveles bajos de cumplimiento quedan bajo la advertencia de que los rezagos en materia de transparencia pueden derivar en procedimientos similares.
El mensaje de la autoridad es contundente: la publicación de información pública no constituye una acción discrecional de los gobiernos municipales, sino una obligación cuyo incumplimiento puede generar responsabilidades y consecuencias económicas. Ayometla, en este escenario, se convierte en el primer caso que enfrenta una sanción de esta naturaleza y establece un precedente para el resto de los ayuntamientos de Tlaxcala.