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Congreso no midió igual. Aprueban cuentas públicas de municipios de Morena y castigan a los rebeldes

Atlangatepec fue reprobado con una probable afectación de apenas 224 mil 882.54 pesos.

La revisión y dictaminación de las cuentas públicas municipales en el Congreso del Estado terminó en un desaseo y trato desigual para los ayuntamientos. Y es que algunos municipios lograron la aprobación pese a acumular probables afectaciones millonarias, mientras que otros fueron reprobados con montos considerablemente menores.

Lo anterior demuestra que el Congreso no midió igual y consintió a alcaldes emanados de Morena.

La mayoría de los recursos señalados por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) se concentran precisamente en municipios cuya cuenta pública terminó aprobada. De los 60 municipios revisados, 49 fueron aprobados y 11 reprobados. Sin embargo, al ordenar los resultados por monto de probable daño patrimonial, aparecen diferencias que alimentan la percepción de que no todos fueron medidos con la misma vara. Entre los casos que más llaman la atención está Chiautempan, con una probable afectación de 4 millones 399 mil 419.37 pesos, cuya cuenta fue aprobada. En la misma situación aparece San Pablo del Monte, con 4 millones 296 mil 590.67 pesos, también aprobado.

Apizaco, con 3 millones 455 mil 896.01 pesos; Santa Isabel Xiloxoxtla, con 2 millones 606 mil 198.45; y Tetla de la Solidaridad, con 2 millones 575 mil 475.06 pesos, también recibieron el aval legislativo.

La lista continúa con Tenancingo, con 2 millones 551 mil 449.24 pesos; Tlaxco, con 2 millones 530 mil 529.32; Cuaxomulco, con 2 millones 476 mil 339.25; Tetlatlahuca, con 2 millones 445 mil 431.65; San Damián Texoloc, con 2 millones 40 mil 547.48; Zacatelco, con un millón 988 mil 346.09, y Teolocholco, con un millón 924 mil 872.21 pesos. El contraste se vuelve todavía más fuerte al revisar a los reprobados.

Atlangatepec fue reprobado con una probable afectación de apenas 224 mil 882.54 pesos. Es decir, ayuntamientos con más de cuatro millones de pesos observados consiguieron la aprobación, este municipio quedó fuera con una cantidad muy inferior. En el extremo contrario aparece Huamantla, que encabeza el listado de probable afectación con 5 millones 968 mil 880.92 pesos y recibió un dictamen reprobatorio.

También fueron reprobados Zitlaltepec, con 4 millones 585 mil 104.65 pesos; Atltzayanca, con 4 millones 318 mil 735.72; San Lucas Tecopilco, con 3 millones 957 mil 133.88; Santa Cruz Tlaxcala, con 3 millones 720 mil 895.89; y Yauhquemehcan, con 3 millones 384 mil 952.94 pesos.

La comparación entre municipios es inevitable. San Pablo del Monte, con 4.29 millones de pesos de probable afectación, fue aprobado, mientras Atltzayanca, con una cifra prácticamente similar, fue reprobado.

El resultado ya comenzó a interpretarse en términos políticos, particularmente por el trato que recibieron ayuntamientos vinculados con Morena que fueron consentidos, pese a que algunos aparecen con montos millonarios de probable afectación, mientras otros gobiernos municipales fueron castigados con mayor severidad. De manera general los 49 municipios aprobados acumularon 61 millones 774 mil 387.83 pesos en probables afectaciones determinadas por el OFS, mientras los 11 reprobados concentraron 34 millones 408 mil 129.86 pesos. En otras palabras, la mayor cantidad de recursos observados se encuentra dentro del grupo de municipios que terminó con cuentas aprobadas.

Y mientras esos municipios libraron el dictamen, Huamantla y Atlangatepec quedaron entre los gobiernos municipales más castigados por el resultado legislativo, aunque sus situaciones son distintas en cuanto al monto observado.

A la discusión política se suma un asunto jurídico relacionado con el tratamiento que se dio al Ramo 26 durante el proceso de revisión. Y es que este recurso habría sido considerado como federal, por lo que no correspondía darle ese tratamiento para efectos de la fiscalización local y que podría ser violatorio de disposiciones constitucionales y que incluso existiría un posible problema de inconstitucionalidad en la forma en que fueron procesadas determinadas cuentas.

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