El proyecto puede continuar mientras se resuelve el fondo del juicio.
La disputa por los terrenos deportivos de Guadalupe Ixcotla y Santa Cruz Guadalupe dio un nuevo giro en tribunales luego de que la justicia federal notificó la resolución del incidente de suspensión promovido por pobladores inconformes con el Proyecto Integral de Salud Chiautempan y negó la suspensión definitiva que buscaban para frenar la obra.
Con esta determinación, el proyecto puede continuar mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo, es decir, la controversia principal sobre la legalidad de los actos reclamados. La negativa de la medida cautelar no significa que el amparo haya sido resuelto ni que los argumentos de los quejosos hayan sido desechados; únicamente deja sin efecto la petición de mantener detenidos los trabajos durante la tramitación del juicio.
La resolución corresponde al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco.
El conflicto se arrastra desde meses atrás y tiene como punto central el terreno ubicado entre ambas comunidades, donde el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pretende desarrollar infraestructura que contempla servicios de salud y un Centro de Educación y Cuidado Infantil.
La inconformidad comenzó a crecer desde abril, cuando habitantes cuestionaron que el predio, utilizado durante años como espacio deportivo, fuera destinado a instalaciones de salud. Los pobladores argumentaron que, al tratarse de comunidades indígenas y regidas por sus propios mecanismos comunitarios, cualquier cambio en el uso del espacio debía someterse a consulta.
Posteriormente, durante junio se realizaron consultas comunitarias en Santa Cruz Guadalupe y Guadalupe Ixcotla. El Gobierno estatal sostuvo que los ejercicios fueron acompañados por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Gobernación, el IMSS y autoridades estatales y municipales, y que en ambos casos la mayoría respaldó el proyecto.
Los grupos inconformes, sin embargo, desconocieron esos resultados y acusaron que las consultas no cumplieron con los estándares de una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
La tensión llegó a su punto más fuerte el pasado 5 de julio, cuando el inicio de los trabajos provocó un enfrentamiento entre inconformes y trabajadores, situación que derivó en la intervención de elementos de seguridad y en la detención de algunas personas. El Gobierno estatal sostuvo entonces que la obra contaba con el respaldo expresado en las consultas comunitarias.
Días después, los inconformes llevaron el conflicto a los tribunales federales y solicitaron que, mientras se analizaba el amparo, se ordenara detener los trabajos. Apenas el pasado 10 de agosto volvieron a manifestarse frente al Poder Judicial de la Federación en Apizaco para exigir que se concediera la suspensión definitiva. En ese momento advirtieron que la continuación de la obra podía generar afectaciones que, desde su perspectiva, serían difíciles de reparar.
Ahora, con la negativa a la suspensión definitiva, el escenario cambia para los trabajos del proyecto, pues no existe la medida cautelar solicitada por los quejosos que obligara a mantener detenida la obra durante el proceso.
El pleito, sin embargo, todavía no termina. El juicio de amparo continuará y será en esa etapa donde se determine si los actos reclamados por los pobladores se ajustaron o no al marco constitucional y legal.
Por lo pronto, la resolución sobre la suspensión representa un revés para quienes buscaban detener temporalmente el proyecto y permite que el IMSS y las autoridades involucradas continúen con los trabajos, sin que ello implique todavía una decisión definitiva sobre el fondo de la controversia.