Tiempos de Democracia

•    La restauración de la desdeñada Comisión Plural exige precisar y reconocer sus objetivos   •    Perentoria necesidad de transparencia y honestidad en el diálogo entre actores políticos •    Urge contener el derroche de recursos que afecta gravemente la equidad de la contienda electoral    

  La Comisión Estatal Plural de Preservación del Entorno Político y Equidad en la Competencia Electoral no ha sido conducida con acierto. Me refiero a la comisión creada por el Pacto por México para dar solución expedita a las denuncias de los partidos que participan en los comicios estatales del 7 de julio. En su interior se han sucedido los desacuerdos entre las partes facultadas para convocar; hay incomunicación entre ellas; se multiplican los malentendidos y pareciera que se han confundido y hasta tergiversado sus objetivos primordiales.     

La Comisión Plural, espacio para el entendimiento

  La tal comisión -a la que por simplificación se la llama Plural- dista mucho de manejarse con la eficacia que lo ha hecho la mesa central de concertación del Pacto por México que conduce Osorio Chong a instancias del propio Peña Nieto. En contraste, aquí no se ha entendido la necesidad de desahogar con rapidez los desencuentros entre partidos. La comisión no es -ojalá se captara- una instancia jurídica, sino un espacio de entendimiento político capaz de tomar medidas correctivas, inmediatas y ágiles, a satisfacción plena de los reclamantes.

El desdén como método

   En una campaña corta no hay modo de integrar expedientes judicialmente perfectos ni de aguardar a su desenlace en los tribunales. Se trata de actuar sin demora para meter al orden a los infractores… o para desechar quejas sin fundamento. Ahí está el caso Veracruz, que paró en seco la trama con que se operarían los programas de Sedesol. En cambio, aquí en Tlaxcala, la presentación de tarjetas telefónicas recargables se prestó para que el delegado de Gobernación diera largas al asunto… y para que el priísmo se mofara de la denuncia.

Naufragio de la concertación

   A nadie pareció importar que cinco de los nueve partidos que participan en la contienda se levantaran de la mesa de acuerdos. No se tomó medida ninguna para recomponer el escenario ni se intentaron disipar las desavenencias surgidas. La política: ausente; la consecuencia: figuras nacionales de la oposición ya trasladaron el tema al ámbito federal, metiéndole ruido a las delicadas negociaciones de las reformas en curso. Y mientras tanto, las tarjetas -en número aún no investigado- siguen circulando a discreción entre el electorado tlaxcalteca.      

Intereses en contradicción

    El alcance del Pacto por México no ha sido correctamente asimilado en aquellos estados que gobierna el PRI y, sobre todo, en los que están viviendo procesos comiciales de tensa competencia. El hecho es que, conforme avanzan los días, es evidente que el interés del gobierno federal y el de los gobiernos estatales han caído en abierta contradicción: Peña Nieto quiere proteger el pacto por encima de cualquier otro objetivo, en tanto que los gobernadores sólo piensan en ganar sus elecciones… ¡a como de lugar y a cualquier precio!   Antecedentes

   Retrocedamos para tratar de entender cabalmente qué es el pacto, y en qué circunstancias pudo acordarse. Va de historia. Siendo aún gobernador de su estado, Peña Nieto pugnó por que en San Lázaro se aprobara una ampliación a la cláusula de gobernabilidad vigente, lo que le permitiría -llegado a la Presidencia de la República- disponer de una cómoda aunque antidemocrática mayoría. De conseguirla, su afán reformador habría librado sin problemas a la oposición legislativa. Pero el PRI no pudo hacer que pasara la iniciativa en el Congreso.

Congreso dividido

   Dueño de la candidatura tricolor, el esfuerzo de Peña Nieto no sólo se centró en llegar a Los Pinos sino en ganar en las urnas esa mayoría que a través de la negociación se le había negado. Mas pese a que todas las encuestas le favorecían, los votos opositores frustraron la intención del mexiquense. No fueron muchas las curules y los escaños que le faltaron, pero el caso es que el PRI no fue capaz de obtenerlos; de haber conquistado esos espacios, el pacto ni siquiera se hubiera mencionado. Simplemente no habría hecho falta.

Alumbramiento del Pacto por México      Pero las cosas fueron como fueron, y entonces el cuarto de guerra del peñanietismo hubo de discurrir ideas alternas que permitieran un buen arranque de su gobierno. La vía escogida fue acudir a los partidos opositores para construir de consuno acuerdos que nos pusieran en el camino de las reformas, y que hicieran de México un país gobernable. A alguna mente iluminada se le ocurrió el Pacto. La coyuntura del momento era propicia; el PAN y el PRD, profundamente divididos, tenían ambos liderazgos sumamente débiles y cuestionados.

La fragilidad del acuerdo

    Con la firma del Pacto por México todos salieron ganando. El compromiso suscrito abarcaba aspiraciones de los tres partidos; nadie -salvo López Obrador- podría estar en público desacuerdo con un arreglo que, de concretar sus metas, nos enfilaría hacia el progreso social, económico y político. Para avanzar sólo se precisaba de buena fe de las partes o, dicho de otra forma, de juego limpio y de cartas boca arriba. Y se sucedieron los logros y se aprobaron reformas que parecían imposibles. El optimismo alcanzó hasta a los más escépticos.

O es este año… ¡o no será en todo el sexenio!

  Los mandatos de Zambrano y Madero terminan con el año, y nadie sabe adónde apuntará la brújula política de perredistas y panistas en otras manos. Basta imaginar al calderonista Cordero al frente del partido azul, y a algún lopezobradorista, del amarillo; el Pacto tronaría al día siguiente. Por tanto, su sobrevivencia depende de que Zambrano y Madero no dejen la mesa por causa de prácticas priístas extralegales durante  las elecciones en marcha. De ahí el cuidado casi exquisito de Peña y de Osorio por no violentar a la oposición pactista.

Etapa crucial

   No niego que es posible que ambos, Peña y Osorio, utilicen un doble lenguaje. Cabe sí la posibilidad, pero yo lo dudo; es muy valioso lo que se juega como para ceder a la tentación de burlar a los suscriptores del pacto. Está convenido ya un periodo extraordinario en las cámaras para inmediatamente después de las elecciones; en el se desahogarían las leyes reglamentarias pendientes, se reformaría el código electoral vigente y se sentarían las bases de un nuevo régimen político, todo ello como preludio de la reforma energética y la fiscal.

El alto costo político de burlar la ley

  Insisto: es mucho lo que está en riesgo. Hacer chapuzas para ganar una elección local en la que ni siquiera se juega la gubernatura de un estado es, en perspectiva histórica, una meta infinitamente menor si se la  compara con la hazaña de dotar a México de un nuevo andamiaje constitucional que permita acortar la distancia que le separa del mundo moderno y globalizado de nuestros tiempos. Ojalá que ese concepto permee en la sensibilidad de quienes tienen en su mano el mantener dentro de la legalidad al actual proceso electoral.

El ilusorio “Pacto de Civilidad” del IET

   Tampoco el Instituto Electoral de Tlaxcala está entendiendo su función como garante de la legalidad de los comicios. De entre sus consejeros no hay nadie que se ocupe de valorar la desmesura del gasto de partidos y de candidatos, ni quien se haga cargo de la inequidad que priva en tiempos y contenidos de los espacios que destinan las radiodifusoras - FM Centro y Radio Huamantla- a la propaganda de quienes disponen de mayores recursos. Y en lugar de cumplir con sus deberes de vigilancia,  el IET convocó a un ocioso Pacto de Civilidad.

La Fepade, modelo de simulación e hipocresía

   Y nos es sólo el IET; también la tradicionalmente inoperante Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade por sus siglas) sigue similar rumbo. Juzgue usted, amigo lector: el pasado miércoles su titular firmó un convenio con el gobierno del Estado que se bautizó con el nombre de “Programa de trabajo específico para la prevención, atención y seguimiento de denuncias de delitos electorales y responsabilidades administrativas”. Usted y yo sabemos para qué va a servir el papel en el que se escribió el tal programa.

Democracia vulnerada

   El caso es que ni la Comisión Plural, ni el IET ni la Fepade pueden ni quieren meter a los infractores al orden. La propia ley y las reglas de la competencia contribuyen a que así sea. Los transgresores de la normatividad electoral saben que sus delitos no son fáciles de documentar y que los cortos plazos de las campañas impiden que las quejas tengan efecto. Y si lo tienen, es extemporáneo y se salda con una multa. Por eso la lucha es en superlibre; el que más recursos ilícitos pone en juego, más se acerca al triunfo. Pero eso no es democracia.

Política de conciliación

    Preocupa que vaya a ser el proceso electoral tlaxcalteca el que de motivos para que el Pacto por México sufra demoras o, peor todavía, llegue a descarrilar. Si hay voluntad política, aún es tiempo de acotar los desmanes y dar marcha atrás a los excesos más patentes, tanto a los ya ocurridos como a los que están por acontecer. Bastarían dos o tres contundentes medidas para restaurar la confianza en la legalidad que debe privar en la elección; sólo así se darían las condiciones para que se reintegraran al dialogo los partidos desatendidos.

LA FRASE DE LA SEMANA

   Es del senador priísta Patricio Martínez, en tanto integrante de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Procesos Electorales. La dijo aquí, en Tlaxcala, teniendo a su lado a los también senadores Manuel Camacho del PRD y José María Martínez del PAN, miembros como él de la dicha comisión:

“…no vengo como representante de mi partido, sino como representante del Senado de la República. […] Es necesario investigar a fondo el caso de las tarjetas telefónicas a fin de deslindar responsabilidades…”

  El asunto es serio. Ojalá se entienda… ¡y se actúe!