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La aparición de una narcomanta presuntamente firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación el pasado fin de semana en un puente vehicular de la capital tlaxcalteca no debería analizarse como un hecho aislado ni como una simple anécdota policiaca; por el contrario, es otra pieza dentro de un proceso amplio y delicado que se traduce en el deterioro gradual de las capacidades institucionales del Estado para enfrentar fenómenos criminales de alta complejidad.
Durante los últimos años, desde distintos espacios de análisis y observación pública, hemos insistido en que Tlaxcala atraviesa un proceso de debilitamiento institucional en materia de seguridad, de una falta de estrategia clara; que se ve reflejado no solo en un aumento de delitos o de estadísticas más altas; sino que, el problema se agudiza cuando el aparato estatal sigue operando bajo una lógica diseñada para enfrentar delincuencia convencional, mientras que la realidad criminal mutó a esquemas más sofisticados, violentos y territorializados. Esto que significa, pues que las policías municipales y buena parte de las estructuras estatales de seguridad fueron diseñadas para contener delitos del orden común: robos a transeúnte, asaltos a casa habitación, riñas, faltas administrativas o delitos patrimoniales de baja escala. Ese modelo podía funcionar —con sus propias limitaciones— en un contexto donde el principal desafío era el crimen local disperso; no obstante, el escenario cambió dramáticamente en la última década.
Hoy, las organizaciones criminales representan un gran desafió por su capacidad financiera, su armamento de alto poder, las redes regionales de protección, la inteligencia operativa y el control territorial. Es decir, son estructuras que funcionan bajo lógicas casi paramilitares y que disputan corredores, mercados ilícitos y espacios de influencia política y económica; y frente a ello, las instituciones locales parecen ancladas en otra época. Un síntoma de lo señalado es que el Estado insiste en negar o minimizar la presencia de estas organizaciones en territorio tlaxcalteca, lo cual nos coloca ante un principio elemental de política pública y de la teoría de seguridad: un problema que no se reconoce difícilmente puede combatirse de manera eficaz.
Mientras el discurso oficial se esfuerza en transmitir la idea de que Tlaxcala permanece al margen o apartado de la dinámica nacional del crimen organizado, la realidad insiste tercamente en mostrar señales contrarias, porque no son un invento las ejecuciones con características de ajuste de cuentas, la aparición de comandos armados, el incremento de desapariciones, el hallazgo de cuerpos en circunstancias cada vez más violentas y nuevamente, mensajes públicos atribuidos a grupos criminales en mantas.
Negar la existencia del fenómeno puede ofrecer una ventaja política temporal —porque evita costos mediáticos o narrativas molestas para el gobierno en turno—, pero estratégicamente debilita la capacidad de reacción institucional. La seguridad, la tranquilidad y la paz, para que sean efectivas y se recuperen, solo puede lograrse a través del diagnóstico preciso, certero y veraz. Ningún médico cura una enfermedad fingiendo que el paciente está sano.
Aunado a esto, un fenómeno que me parece muy preocupante, es el de la normalización social de la violencia que comienza a instalarse silenciosamente en el imaginario colectivo. Ese quizá sea el síntoma más grave de todos. Hace algunos años, la aparición de las primeras narcomantas en Tlaxcala provocaban alarma generalizada, indignación pública y una fuerte exigencia social de respuestas. Hoy, el hecho apenas ocupa unas horas de conversación en redes sociales antes de perderse entre la saturación cotidiana de noticias violentas, los comandos armados dejaron de sorprender, las ejecuciones dejaron de paralizar y la violencia comenzó a convertirse en paisaje cotidiano; provocando que la gente se adapte peligrosamente a ella, hasta grados de justificarla como parte del entorno.
El sociólogo alemán Max Weber definía que el Estado es el poseedor del monopolio legítimo de la fuerza; sin embargo, el asunto se complica cuando los criminales comienzan a desafiar ese monopolio públicamente y el Estado responde con silencio, evasivas o minimización discursiva. El resultado impacta en tres efectos, primero la erosión de la percepción de seguridad, segundo un deterioro de la confianza ciudadana en la capacidad institucional para preservar el orden, y tercero, la normalización del miedo como agente intrínseco de la sociedad.
Tlaxcala aún está a tiempo de evitar escenarios más complejos. Pero eso exige abandonar la lógica de propaganda y asumir la dimensión real del problema con el compromiso de adoptar políticas públicas que pongan límites claros a los delincuentes, que se orienten a erradicar la arraigada sensación de impunidad, esa que provoca que cualquier persona dispare un arma, agreda a otro, extorsione, secuestre, etc., a sabiendas de que el estado no hará nada. La inseguridad no desaparece porque se deje de nombrar; al contrario, suele crecer en silencio mientras las instituciones se convencen de que negar la realidad equivale a controlarla.