Más o menos como a inicios de 2009, tuve mi primer mayor acercamiento con el tema de la transparencia a propósito de que el entonces Comisionado Arturo Popocatl a través de un amigo común me hizo llegar los resultados de una evaluación que Libertad de Información-México A.C. (LIMAC), que coordinaba Perla Gómez Gallardo, había realizado a los Sujetos Obligados por la entonces vigente Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala.
El estudio de dicho trabajo dio como producto un texto que presenté y fue aceptado como ponencia para el XXVII Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) celebrado en Argentina aquel año.
El estudio de LIMAC fue en estricto el primero que se realizó para cumplir lo que hasta ahora se sigue considerando en la Ley de Acceso a la Información Pública para el estado de Tlaxcala (LAIP), que dice en su artículo 28 que “La Comisión, por sí o a través de terceros, evaluará semestralmente a los sujetos obligados, respecto del cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley. Los resultados de las evaluaciones los publicará en los medios que acuerde la Comisión y servirán de base para emitir las recomendaciones correspondientes.” Quien quiera conocer y desde luego tomar como referente aquel estudio lo puede localizar en este link: http://www.caip-tlax.org.mx/pdf/InformeMonitoreoTlaxcala.pdf
En tal sentido, como se puede entender de dicho ordenamiento, la actividad consiste en realizar un estudio mediante el cual se diga qué tanto y de qué manera las entidades públicas obligadas a cumplir con tal ley, cumplen aquello con lo que se indica en la misma. Tal examen debe hacerse de manera semestral y en tal sentido es que de aquel primer ejercicio hasta ahora, varios son lo que se han realizado.
Y precisamente por ello es que el día de hoy lunes 5 de agosto a las nueve y media de la mañana se presentarán los resultados de la evaluación correspondiente al primer semestre del presente año, en las instalaciones de la CAIPTlax.
Evaluaciones de este tipo han resultado valiosas para el análisis de cómo va evolucionando la transparencia en todo el país y con mucha seguridad los referentes principales son las “Métricas” realizadas por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) los años de 2007 y 2010. Hay ahí información estadística que ha nutrido las reflexiones que estudiosos y periodistas han realizado para entender un tema muy complejo pero que puede asimilarse sin mayores complicaciones en cuanto se acepta que detrás del dato estadístico hay una realidad política con la que convivimos todos los días. La Métrica 2007 la puede ver aquí: http://metricadetransparencia.cide.edu/MetricaTransp2007.pdf y la del 2010 aquí: http://metricadetransparencia.cide.edu/Metrica%202010.pdf
Sin embargo por lo regular lo que llama más la atención es el ranking que muestra por ejemplo a nivel nacional qué entidades se encuentran más adelantadas y cuáles más rezagadas. Y a nivel local es lo mismo en cuanto a dicho ranking pero en este caso respecto a los sujetos obligados.
Y entonces el análisis parece en ocasiones como que se estanca en lecturas, un tanto cuanto, simplistas que resaltan únicamente qué entidades o sujetos obligados son, se dice, “reprobados”. Pero si se profundiza un poco más allá de ello se puede ver que hay datos más importantes que eso, sobretodo si dicha profundización se hace, ya no digamos en la metodología utilizada, sino en los aspectos específicos que se evalúan.
Porque puede que una entidad esté digamos muy retrasada en un aspecto pero en otro puede que no. Así la tabla rasa se elimina y se puede hacer un análisis más objetivo. Y hay que decirlo, los resultados de estos estudios en sí mismos no nos dicen mucho, se requiere la interpretación de los analistas y estudiosos para encontrar lo que académicamente se denomina como “hallazgos”, es decir cuestiones que en el contexto de dichos estudios constituyen verdaderos descubrimientos que dan luz para entender mejor la problemática que plantean.
En tal sentido es que los resultados que presentaremos hoy deberían motivar a otros trabajos incluso críticos de la metodología utilizada. De hecho cuestiones como ésta siguen siendo un debate abierto, en el sentido de preguntar si se está utilizando la forma adecuada de evaluar a dichas entidades públicas sobre su cumplimiento respecto a una obligación estipulada en las normas relativas, ya no solo sobre el acceso a la información pública, sino incluso sobre la protección de los datos personales y hasta de archivos.
Esta semana seguro estaremos desde este espacio reflexionando sobre el informe que comentamos arriba, el cual seguramente propiciará lecturas que generen polémica e incluso descontentos.
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