.
En política, no basta con desmentir un señalamiento para presumir una trayectoria intachable. Que un funcionario pueda acreditar que no goza de privilegios administrativos indebidos es positivo, pero eso no agota el escrutinio público al que está obligado quien ejerce un cargo.
Antonio Martínez podrá responder a las críticas sobre determinados señalamientos administrativos, pero difícilmente puede desviar el debate sobre el desempeño de la Coordinación de Comunicación. La discusión de fondo no es si existen o no privilegios burocráticos; es si la comunicación pública del gobierno cumple con su propósito o ha terminado subordinada a una estrategia personal de confrontación.
Antonio Martínez, el llamado “Marvel”, parece no haber entendido a la prensa local ni la complejidad del ecosistema informativo tlaxcalteca. Más que construir puentes, su gestión ha sido percibida por muchos como distante, gris y poco receptiva frente a la crítica. Y quizá lo más preocupante es que, lejos de corregir los errores del pasado, pareciera haber reunido en una sola administración varios de los vicios que durante años se reprocharon a sus antecesores.
Porque si algo deja ver su desempeño es una mezcla poco afortunada: la escasa apertura que muchos señalaron en Angélica, el desconocimiento del medio que se atribuyó a Augusto y los desaciertos que se criticaron de Octavio. Una combinación de prácticas cuestionables que, lejos de fortalecer la comunicación institucional, la debilitan y la alejan de la ciudadanía.
La comunicación gubernamental debería servir para informar, explicar decisiones y facilitar el acceso de la ciudadanía a la información pública. Cuando se convierte en una plataforma para la confrontación con periodistas críticos o para la descalificación de voces incómodas, deja de cumplir su función institucional y pasa a ser un instrumento de propaganda personal.
El respeto a la prensa no es una concesión; es una obligación democrática. Los reporteros no están para recibir aplausos del poder ni para convertirse en blanco de represalias políticas por hacer preguntas incómodas. Una oficina de comunicación social que privilegia el aplauso sobre el debate termina debilitando la confianza ciudadana en las instituciones que representa.
También conviene distinguir entre la representación y la instrumentalización de las causas sociales. Las banderas de los derechos humanos y de la diversidad sexual merecen ser defendidas con convicción y consistencia, no utilizadas como argumento para descalificar toda crítica política. Ninguna identidad exime a un servidor público de rendir cuentas; por el contrario, el ejercicio del poder exige aceptar el escrutinio sin convertir cualquier cuestionamiento en un ataque personal.
Los cargos públicos son pasajeros; la memoria del gremio periodístico no tanto. Quien hoy dispone del micrófono institucional para señalar a periodistas o exhibir a críticos debe recordar que, fuera del poder, el único patrimonio político que permanece es la credibilidad. Y esa no se construye con monólogos desde el atril oficial, sino con resultados, respeto y capacidad para aceptar el disenso.
El poder exige una piel gruesa para soportar la crítica, una lengua prudente para no convertir el cargo en tribuna personal y la humildad suficiente para entender que ninguna oficina de comunicación existe para proteger egos, sino para servir a la ciudadanía.