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Tenemos ante nosotros el compromiso y responsabilidad para dar un debate que será histórico en nuestro país, a partir de la presentación de las Iniciativas que en materia energética han sido expuestas para su discusión. Sin embargo, este tema abre la puerta a otro igual de trascendental por el impacto económico directo que tiene en la vida de todos los mexicanos, especialmente en los que se encuentran en situación de pobreza; me refiero por supuesto, a la Reforma Hacendaria.
No perdamos de vista que los ingresos petroleros representan en promedio el 35 por ciento respecto de los ingresos totales del gobierno federal, por lo que no podemos pretender una reforma a este sin poner también el debate hacendario.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, que el INEGI recientemente actualizó, el ingreso promedio mensual de las familias mexicanas es de poco más de 12 mil 600 pesos, sin embargo al dividir los hogares en deciles, agrupados con los niveles de ingreso corriente, observamos que el primer decil recibe apenas 2 mil 90 pesos, mientras que el decil 10 recibe poco más de 45 mil pesos, esto es, el 10 por ciento de la población con mayores recursos recibe más de 20 veces el ingreso que el 10 por ciento más pobre.
Ahora bien, de acuerdo con la composición del ingreso corriente de los hogares, es importante hacer notar que el primer decil se compone en partes proporcionales por ingresos de trabajo y apoyos gubernamentales, mientras que el decil diez es el que más obtiene de la renta de propiedades. Por el lado del gasto, los primeros cuatro deciles lo utilizan en más del 45 por ciento para alimentos, bebidas y tabaco, mientras que para los dos últimos representa menos del 30 por ciento.
Quiero con este breve y somero contexto que nos plantea un panorama con una sociedad profundamente desigual, resaltar la importancia de la política económica, especialmente de la fiscal, que, al menos teóricamente, debe tener como objetivo principal generar una política redistributiva que cierre las brechas que pudimos observar que existen entre los deciles de la población mexicana, o bien, no ampliarla, hablando en términos de la justicia rawlsiana.
Por lo tanto, me voy a permitir ilustrar de esta manera lo que ocurriría en un escenario hipotético donde se graven alimentos con IVA: Si los hogares que más gastan en alimentos son los de menores ingresos serían entonces los más afectados con este tipo de medidas, un simple ejercicio, que considera un gravamen del 16 por ciento a este rubro tendría un efecto en el que la población del primer decil estaría incrementando su gasto en cerca de un 9 por ciento, mientras que la del último decil apenas en un uno por ciento.
Si continuamos en este ejercicio, en una lógica donde el gobierno proponga compensar este efecto por medio de subsidios y transferencias, estaríamos construyendo una población con ingresos que dependerían menos de su trabajo y caeríamos entonces en problemas ya no solo asociados a la desigualdad sino también a la libertad, seguridad y sobre todo dignidad humana.
El sencillo ejercicio que acabo de presentar muestra el efecto adverso que tendría en los hogares más pobres de este país, el gravar con IVA alimentos.
Debemos considerar alternativas que eviten llegar a estas vías; estoy segura que nuestro Sistema de Recaudación Fiscal tiene un importante trabajo por hacer en materia de evasión y exenciones, así como en el fortalecimiento a la recaudación en gobiernos subnacionales. Cualquiera que sea el escenario, mi propuesta es evitar a toda costa el gravamen que afecta a la población con mayores carencias.
Me voy a permitir, para la reflexión, concluir citando al General Lázaro Cárdenas en su Cuarto Informe de Gobierno cuando decía: “Necesitamos precisar ideas, dictar normas y exigir responsabilidades efectivas para que la administración pública sea honesta, eficiente, económica y de acuerdo con nuestra categoría de pueblo pobre.”