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Con la entrada en vigor del Instituto Nacional Electoral (INE), si bien no queda clara la autonomía de dicho instituto del poder gubernamental; el cambio que si se hace patente, es que tanto a los gobernadores como a los congresos locales, les serán restadas amplias facultades que han poseído sobre los institutos electorales de sus estados, donde su intervención en los procesos electorales de las distintas localidades han sido un problema constante.
Desde el año de 1946, en el que el entonces Presidente Manuel Ávila Camacho promulgó la Ley Federal Electoral y creó la Comisión de Vigilancia Electoral, conformada por el Secretario de Gobernación y otro miembro del gabinete, un diputado, un senador y dos representantes de los partidos políticos con mayor relevancia; los gobernantes y los partidos políticos adquirieron un enorme poder de influencia en los resultados de las elecciones; aspecto que hasta nuestros días prácticamente no ha cambiado.
Tras las controversias producidas en las elecciones presidenciales de 1988, en que Carlos Salinas De Gortari resultó ganador de la elección, pero con un sistema electoral falto de toda credibilidad; se creó el IFE el cual inició sus actividades en 1990, y cuya característica era su falta de autonomía, ya que seguía perteneciendo al estado.
Personajes de la vida política pertenecientes al todavía partido en el poder (PRI) como Fernando Gutiérrez Barrios y Emilio Chuayffet presidieron al IFE; y aunque posteriormente personajes como Woldenberg y Luis Carlos Ugalde quienes en apariencia estaban desligados del poder gubernamental y de los partidos políticos, dirigieron al IFE bajo la sombra del Presidente y de los partidos políticos.
En el caso de las elecciones que se llevan a cabo en las entidades federativas el asunto no es tan distinto; ya que en estos casos la intromisión tanto del gobernador como de los diputados y partidos políticos han oscurecido los procesos electorales, lo cual ha generado una enorme desconfianza en muchas entidades federativas respecto a sus institutos electorales.
Es así que dichos órganos han perdido credibilidad; en principio por la forma en que son electos, donde las negociaciones entre el ejecutivo, el legislativo y los partidos, especialmente, están a la orden del día; y lo cual se ve reflejado en los nombramientos de los consejeros, quienes generalmente son familiares o tienen nexos directos o indirectos con quienes los postulan.
“Los Consejeros Electorales en los estados, salvo honrosas excepciones, se han comportado más como empleados del gobernador, que como árbitros imparciales en una contienda electoral”, refiere una de tantas opiniones de aficionados a subir información y análisis a la red, pero que en algunos casos como éste, deben tener toda la razón.
El caso de Tlaxcala puede ser un claro ejemplo de la cercanía de los consejeros; ya sea con el gobernador, con los diputados locales, o con los partidos políticos, y aquí no veo alguna posible honrosa excepción, y si acaso la hubiera que me la digan para disculparme.
Es importante mencionar que los partidos políticos a nivel nacional han visto con agrado el hecho de que se les quiten esas amplias facultades que posee el Poder político y de gobierno de los estados en sus institutos, tras el arribo del INE.
Y aquí no sólo el PRI, PAN, PRD, y demás partidos con presencia federal, sino prácticamente todos los partidos locales de los distintos estados, se han manifestado a favor de este nuevo instituto regulador, donde además destaca el ahorro millonario de recursos que seguramente se obtendrá.
De entrada esta parte de la reforma electoral se presenta muy atinada en lo referente al avance democrático en las entidades federativas en este tema, aunque habrá que estar muy atentos en la participación del poder gubernamental federal, ya que los organismos electorales prácticamente desde su nacimiento no han podido sacudirse, y difícilmente lo harán este lastre.