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Domingo, Octubre 18, 2015
La recién avalada Ley de Desarrollo Social por el Congreso local que faculta al Gobernador para tener injerencia en los recursos de los municipios destinados a los programas sociales es un hecho inusual, no por la aprobación en sí; sino porque quienes votaron para respaldar esta ley del Ejecutivo local fueron, entre otros, diputados de los partidos de “oposición” más grandes como son del PAN y PRD quienes con esto prácticamente ponen de rodillas a los alcaldes ante el Gobierno estatal en el marco de las elecciones locales de 2016.
Esta decisión por parte de panistas y perredistas es algo así como hacerse el haraquiri para las próximas elecciones; ya que prácticamente dejan desarmados a los alcaldes, no sólo de su partido; sino de todos los partidos, excepto claro está, a los del PRI como partido en el poder.
Aquí queda de manifiesto el apoyo del panismo al gobierno marianista; pero en política la palabra apoyo más bien significa: ¿qué te doy qué me das”?
Y ante este hecho inusual de un partido de oposición para beneficiar a su supuesto contrario en el marco de unas elecciones surgen dudas sobre lo que motivó a los diputados panistas para avalar dicha situación.
Tratando de encontrar una respuesta lógica es más común desechar hipótesis que encontrarla; por ejemplo, es ocioso pensar que con esto González Zarur ayudará al PAN en las próximas elecciones; y también es ilógico pensar que los diputados analizaron a conciencia esta ley antes de votarla a favor; ya que el estilo en el Congreso local ha sido dar copias de las iniciativas a los diputados apenas unos minutos antes de ser votadas.
Entonces queda la especulación que si bien especular no es algo muy saludable, tal situación deja abierta esta posibilidad donde se ha manejado en los pasillos del Congreso local que esto sólo obedece a la compra de conciencias en donde los diputados que avalaron esta ley como ha trascendido, vendieron por unas monedas a su partido en pleno proceso electoral; a los posibles pre candidatos de su partido rumbo a la gubernatura; así como a la ciudadanía en general.
En este caso tal vez ya no es tan necesario analizar porque varios diputados del PRD y algunos de otros partidos pequeños votaron a favor esta ley, las conjeturas son las mismas; aunque vale destacar las críticas que hizo a esta ley la diputada perredista Eréndira Jiménez quien además exhibió que el Ejecutivo local también tendrá injerencia en los padrones de beneficiarios de los programas de apoyo social.
Hasta aquí se abren dos escenarios, el primero es el de cuestionar: ¿Con qué cara panistas y perredistas van a pedir el voto durante las campañas cuando nunca han sido oposición al marianismo?
En el segundo escenario y muy importante: en algunos análisis en medios; así como en el de Eréndira Jiménez casi se da por hecho que al tener el manejo de estos cuantiosos recursos el Gobernador Mariano González los puede utilizar para favorecer a los candidatos priistas; aunque esto genera suspicacias.
Lo anterior debido al hecho de que el Ejecutivo estatal tenga el manejo de los recursos económicos de los programas sociales de los sesenta municipios no quiere decir que los vaya aplicar para lo que están destinados, ni que vayan a llegar a las familias que más lo necesitan así sean priistas.
El antecedente del uso inadecuado de recursos por parte del Gobierno marianista es ya conocido.
Sólo por citar un ejemplo, en los primeros meses del presente año se dio a conocer que el Gobierno encabezado por González Zarur devolvió a la federación cinco mil millones de pesos; hecho muy criticado por las múltiples necesidades que hay en la entidad no sólo en cuanto a infraestructura; sino en cuanto a dar solución a las pésimas condiciones en la que viven muchas familias.
Sin embargo, meses después se dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso denuncias contra el Gobierno de Tlaxcala y otros estados de la República por el desvío de recursos federales por ocho mil millones de pesos.
Bajo esta situación no es que se hayan devuelto por parte del Gobierno de Tlaxcala dichos miles de millones a la federación; sino que fueron gastados en otras cosas, en qué no lo sabemos; pero no fue en los beneficios para los tlaxcaltecas según lo estipulaba la federación.
Entonces y ante esta situación, ni los priistas cuentan con la certidumbre de que los recursos de la nueva Ley de Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala vayan realmente a utilizarse para sus campañas. No hay que olvidar que el 2016 es el año de Hidalgo para los marianistas.
La realidad es que esto enrarece más el clima electoral para todos los involucrados en las elecciones de 2016, y genera mayor incertidumbre entre la ciudadanía que no seguimos siendo, sino víctimas de los excesos del poder.