- Escaso y decreciente, el margen de maniobra del gobierno a cuyo frente está el mexiquense
- Aclarar lo que rodea la tragedia de Iguala y la fuga del Chapo, clave para recobrar la confianza
- Obstáculo para llegar a la verdad, la mexicana reticencia a rechazar al escrutador extranjero
Que la adversidad no te rinda, amigo Joaquín. Toca otra vez superar la desesperanza y seguir haciendo camino. Un abrazo.
Hace cincuenta años, cuando en México no había opinión pública, ni redes sociales, ni periodismo de investigación, ni escrutinio internacional, hace medio siglo, repito, era sencillo gobernar con verdades a medias y, en ocasiones, con mentiras completas. Mas con los cambios habidos a lo largo de ese tiempo, se hizo riesgoso seguir los viejos procedimientos, pues conlleva a quien los aplica un alto costo social y político. Además, con los compromisos asumidos por México en los tratados internacionales, y con la incorporación en la constitución -en su artículo primero- de la protección de los derechos humanos, se configuró un nuevo marco legal que obliga ineludiblemente a la autoridad -cualquiera que sea su nivel- a que la totalidad de sus actos se apeguen a esas disposiciones. Contravenirlas -ya se ha visto- ha causado a la administración peñanietista innumerables conflictos, y un descrédito que no tiene dónde parar.
Un gobierno vigilado
Hoy día, no hay materia ni evento que escape del conocimiento de los organismos multinacionales a los cuales México pertenece (ONU, OEA, OCDE, OMS, etc.); de las agrupaciones civiles transnacionales (Transparencia Internacional, Human Rigths Wacht, Green Peace, Amnistía Internacional, etc.), y de las nacionales (Transparencia Mexicana, México SOS, Ciudadanos por una causa Común, y un amplísimo etcétera). Las citadas, y otras más que no lo han sido por economía de espacio, tienen bajo la lupa al gobierno. Lo que no se entiende es que, no obstante hallarse sujeto a esa vigilancia, se repiten una y otra vez conductas que riñen con la razón y la verdad, y que dejan mal parado el respeto que la autoridad debe al estado de derecho. Sin olvidar casos que han conocido la luz pública, y en los que ambos conceptos -la razón y la verdad- han sido violentados, quizá el de la fuga de Joaquín Guzmán Loera y, por supuesto, el de Ayotzinapa, sean los dos que con mayor claridad dan cuenta del intrincado callejón en que parece estar atrapado el presidente Enrique Peña Nieto.
Entre patrañas e indecisiones -La fuga-
Es creíble que a Osorio Chong lo tomara por sorpresa el escape del Chapo, y que los que traicionaron su confianza fueron los mandos medios que de él dependían. Como de humanos es errar, se podría aceptar -como lo aceptó el Presidente- que su secretario de Gobernación se equivocara al nombrar a gente incompetente. Lo que no es posible justificar es el motivo -como no sea el encubrimiento- por el que, tras el escándalo originado por la fuga y las ridículas versiones del ex Comisionado de Seguridad, se escamoteara a la opinión pública el video con sonido -ya se conocía el mudo- que exhibe la anarquía imperante en el sistema carcelario, y la cadena de complicidades que propició la evasión de Guzmán Loera. Es evidente la intención de ocultar la verdad, a saber con qué propósitos. Y ahora la atención de la autoridad se centra en la búsqueda del infiel que filtró el revelador video, y no en saber quien se beneficiaba manteniéndolo en secreto. Cuando se conoció la fuga se dijo que “…en momentos de crisis no ha lugar la renuncia…”. A cien días de distancia, se revela otra mentira más. ¿Aún no es el momento? Para el presidente no, por lo visto. Y sólo falta que la recaptura del narcotraficante se presente como un éxito de quien no lo debió dejar escapar.
Entre patrañas e indecisiones -Iguala-
Lo de los jóvenes normalistas es aún más complicado. Repaso algunos antecedentes para contextualizar el artículo. Ante el clamor mundial de indignación por la brutalidad de lo acontecido en Iguala, a la PGR -que había inicialmente rechazado atraer el caso- le corrió de pronto prisa por cerrar judicialmente el asunto. No se sabe si el procurador Murillo Karan fue instruido por la Presidencia, o bien, actuando per se, urdió lo que se dio en llamar la verdad histórica. Sin embargo, la versión oficial provocó más dudas y la rabia social escaló hasta convertirse en un encabronamiento colectivo que abrió el paso a múltiples actos vandálicos. Fue entonces que el gobierno invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que diera su opinión sobre lo investigado por el ministerio público federal. Tras seis meses de trabajo, las conclusiones del grupo interdisciplinario de expertos independientes integrado al efecto (el GIEI por sus siglas) desmantelaron el dictamen del procurador.
¿Milicia intocable?
Hasta aquí los antecedentes, ya que el objetivo de esta reflexión no es contrastar las versiones. Lo que me interesa es la reacción de quienes piensan que la presencia de esos expertos extranjeros ultraja la soberanía nacional. En un insólito tour de entrevistas, el secretario de la Defensa Nacional fijó en los medios la postura inamovible del Ejército y, al hacerlo, puso en un brete al presidente Peña Nieto que es -no lo olvidemos- el comandante supremo de las fuerzas armadas. Lea usted, amigo lector, lo dicho por el general Cienfuegos: “…no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales; los quieren interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo que ver y no apoyarlos...”. Y para aclarar dudas al respecto, añadió “…esa es mi posición y de ahí creo que no puedo ni debo salirme, porque perdería mucho de lo que soy en este momento y de lo que he sido durante 52 años de carrera militar. No tengo nada que esconder, no he cometido nada, así que va por delante mi prestigio…”. Así…, ¿o más claro?
Supervisores atados
En el ínter, el Primer Mandatario acordó con los padres de familia de los normalistas desaparecidos que el GIEI prorrogara un semestre sus labores, a fin de profundizar en líneas de investigación que Murillo Karan soslayó, ignoró o desconoció. En Washington -sede de la CIDH- se negoció la ampliación del encargo, el cual -según Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos- quedará limitado, en este segundo periodo de su estadía en México, a ser simple coadyuvante del ministerio público. De ser así, es decir, si a los expertos se les restringen sus movimientos y se les impide actuar con libertad, la utilidad de su participación será nula. Considérese además que, si se les niega la posibilidad de interrogar a los soldados -aspecto de la averiguación que se juzga fundamental para esclarecer los sucesos de Iguala- cabría que declinaran la invitación. De ocurrir esto último, el esfuerzo de Peña Nieto por restaurar la credibilidad en su gobierno sufriría un daño irreparable.
ANTENA NACIONAL
Colima: elección anulada
La decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de anular los comicios en Colima por “…intromisión de funcionarios estatales…”, envía un claro mensaje de contención a quienes desde el poder pudieran verse tentados a intervenir al margen de la ley en los procesos electorales que tendrán lugar en doce estados -entre ellos Tlaxcala- el ya muy próximo 2016.
El proyecto del ministro Zaldívar
Reivindicar el derecho de la persona a decidir es el fundamento del proyecto del ministro Arturo Zaldívar para legalizar el cultivo para el uso recreativo de la mariguana. El asunto se discutirá pasado mañana en la Primera Sala de la Corte, y ojalá que el espíritu liberal del alegato del ministro ponente prevalezca por encima de los criterios conservadores que siguen argumentando a favor de un prohibicionismo fracasado y que, entre otros males, trajo a México un baño de sangre que aún no termina.
P.D. La dirección de El Sol de Tlaxcala me confía la tarea de hacer la crónica de los festejos taurinos mayores de la Feria de Tlaxcala. Por esa razón, me ausentaré de este espacio hasta el término de esos eventos.