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El llamado que hoy circula para documentar y denunciar a servidores públicos que presuntamente (lo de presunción es sólo un decir) realizan actividades proselitistas durante su horario laboral no surge por casualidad. Es una respuesta ciudadana a lo que ya se observa como un patrón preocupante: la utilización de la estructura gubernamental para intentar sostener una candidatura que, por sí sola, no despega.
Ya no se trata únicamente de las versiones sobre presiones a trabajadores para asistir a reuniones o participar en actividades de promoción política. Durante las últimas semanas se han acumulado diversos episodios que apuntan en la misma dirección: brigadas vinculadas al grupo en el poder realizando actos anticipados de promoción, pintas con evidente contenido político, difusión sistemática de la imagen de un solo aspirante y la permanente utilización de la maquinaria gubernamental para posicionarlo.
Cada hecho, visto de manera aislada, podría parecer menor. Pero juntos forman una fotografía distinta, que es la de un grupo político que confundió gobierno con partido y servicio público con operación electoral.
Si Morena estableció reglas para su proceso interno fue precisamente para evitar que el aparato gubernamental inclinara la balanza. Quien gobierna debe gobernar para todos, no para un aspirante, sin embargo, las denuncias que hoy circulan apuntan justamente en sentido contrario.
Los señalamientos son graves: promoción adelantada de un solo perfil, las constantes apariciones de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros con evidente carga política, los intentos por construir una candidatura desde el poder antes que desde la militancia y las denuncias sobre una operación para influir en ejercicios de medición de preferencias. Todo ello alimenta la misma narrativa: la de un proyecto que intenta ganar con la estructura gubernamental lo que no consigue de manera natural.
Lo más grave, sin embargo, es que esas prácticas se han normalizado. Se supone que los servidores públicos cobran para atender a la ciudadanía, no para convertirse en operadores electorales. Los recursos públicos pertenecen a todos los tlaxcaltecas, no a un grupo político. Y los trabajadores del gobierno no tendrían por qué enfrentar presiones para respaldar aspiraciones personales.
Por eso resulta pertinente el llamado ciudadano a documentar cualquier irregularidad. No para alimentar una guerra política, sino para que las autoridades investiguen con objetividad y, si existen responsabilidades, actúen conforme a la ley y lo hagan pronto.
Morena llegó al poder prometiendo terminar con las viejas prácticas del uso faccioso del gobierno. Si hoy esas conductas reaparecen bajo nuevos colores, y esos colores son guindas, entonces la ciudadanía tiene derecho a exigir congruencia.
El colmo es que el secretario de Turismo, Fabricio Mena Rodríguez, en un descaro después de haber emitido en redes sociales un mensaje comprometedor para él, para el gobierno y para el propio aspirante que quiere ayudar, rompe con toda la equidad del proceso interno.
Lo mismo hizo el secretario de Educación, José Alonso Trujillo Domínguez, cuando ocupaba la Dirección General del Colegio de Bachilleres.
Son funcionarios que rompieron la equidad y violentaron las reglas electorales a favor de un candidato que, hoy por hoy, navega de muertito y que es cargado con toda la estructura burocrática y presupuestal para intentar ganar adeptos.
Y, mientras, la gobernadora Lorena Cuéllar es exhibida en su incongruencia: expresa una molestia por supuestas presiones de un sindicato a sus trabajadores, que, por cierto, no están sustentadas. Sin embargo, abre las puertas a la ilegalidad, permitiendo a sus funcionarios inmiscuirse hasta las narices en un proceso interno en el que, por lineamientos, no debían participar.