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Una de las características inherente al gobierno mexicano ha sido el ocultamiento de información pública importante para la ciudadanía, pero peligrosa para ellos; lo cual les ha permitido vendernos un discurso lleno de falacias donde se pretenden ver como gobiernos “legales”; pero en realidad distan mucho de serlo, y donde la opacidad y las leyes e instituciones a modo han servido para mantener sus excesos, como el caso del enorme manoseo que el gobierno y la partidocracia hicieron a la recién impulsada “Ley Federal de Responsabilidades Administrativas”, o, “Ley 3 de 3” ciudadana para irla degenerando hasta ponerla al servicio del poder.
Esta situación no es, sino la radiografía de la mafia que gobierna a México, y opera tanto en Tlaxcala como en las demás entidades de la República para mantener su coto de poder y seguir disfrutando del botín a costa del sufrimiento de los ciudadanos víctimas de la delincuencia, pobreza, desempleo e inseguridad generalizada producto de gobiernos corruptos y deshumanizados permisivos de la delincuencia en sus diferentes modalidades.
Si bien la denominada “Ley 3 de 3” no podría por sí sola combatir la existencia de esta mafia que nos gobierna; si hubiera podido contribuir a la construcción de las bases para vigilar las manos de los servidores públicos y sancionar posibles abusos.
Mucho se ha hablado del enriquecimiento inexplicable de una enorme cantidad de gobernantes a expensas de la abusiva utilización de los recursos públicos, donde el saqueo inmisericorde de los recursos de miles de millones de pesos de México, y de la gran mayoría de las entidades federativas ha sido parte de nuestra historia antigua y moderna.
La falta de comprobación de unos quince mil millones de pesos en el presente sexenio en Tlaxcala en que el mayoriteo en el Congreso local ha permitido que se solape este fraude protagonizado por el Ejecutivo estatal y por muchos alcaldes principalmente, nos puede dar una idea de las fechorías que se cometen en la entidad y e n todo el país, y cuya información explícita y de fondo está reservada, o prohibida a los ciudadanos.
Otros aspectos donde los gobiernos en México ocultan sistemáticamente la información pública, se puede ubicar en los múltiples delitos que la delincuencia organizada y no organizada cometen a diario, y donde difícilmente se conocen las investigaciones al respecto; así como el exceso en la utilización de la fuerza pública contra civiles esencialmente, y donde también se oculta dicha información como los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, entre muchos otros.
Destaca el hecho que en la “Ley 3 de 3” apar te del enorme manoseo que el gobierno le dio donde con la complicidad de los legisladores del PRI, PVEM y PANAL lograron hacerla a modo, lo que permitiría a los funcionarios públicos ocultar información en sus declaraciones: patrimonial, fiscal y de intereses con el argumento de proteger su “vida privada”.
Aunado a todo lo anterior, al alterar dicha ley no sólo se cambiaba el sentido de ésta, y se echaba por la borda una oportunidad objetiva de empezar a hacer frente a la corrupción gubernamental; sino que al ser esta ley en principio un planteamiento ciudadano al alterarla y degenerarla, se golpeó también la voz de los ciudadanos, lo cual no significa, sino un golpe artero a la democracia participativa en un país ávido de información y respeto hacia la ciudadanía por parte de sus autoridades; pero que lo que reciben regularmente es lo contrario.
Ante este escenario el veto del Presidente de la República Enrique Peña Nieto al artículo 32 de esta ley el cual obligaba a todo particular que tuviera tratos con el gobierno a presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses no viene a ser, sino una mofa de todo lo que está en juego; ya que meter a los empresarios como el centro de atención de esta ley fue sólo una estrategia barata para quitar del ojo del huracán a los servidores públicos.
Y ahora este veto más que verse como una acción salvadora del presidente hacia la iniciativa privada; lo que significó es por un lado seguir protegiendo el ocultamiento de información pública, y con ello los abusos de los servidores públicos; así como también seguir protegiendo a las empresas involucradas en operaciones ilegales coludidas con autoridades corruptas.
Y es que muchas empresas que hacen negocios con el gobierno tienen relación directa, o indirecta con los propios gobernantes, o con sus familias, es decir, el Presidente sigue protegiendo con todo este galimatías en que se convirtió a la “Ley 3 de 3”, a la mafia que nos gobierna.