OPINIÓN

El Sistema Estatal Anticorrupción, piedra de toque de la vocación democrática de los tres poderes del Estado de Tlaxcala

Contundente, el mensaje de Marco Mena pronunciado en el aniversario luctuoso de Emilio Sánchez Piedras

Domingo, Junio 18, 2017

 

El Plan Estatal de Desarrollo de Mena... ¿hará posible una transición sin cambiar color, emblema y partido?  

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A la reforma aprobada le siguen leyes cuya letra será fundamental para el buen funcionamiento del Sistema 

   Este viernes último amanecimos con la noticia de que, la víspera, el Congreso local había aprobado una reforma a la Constitución merced a la cual los tlaxcaltecas tendremos un Sistema Estatal Anticorrupción propio. Para su promulgación sólo falta que la iniciativa sea sancionada por la mitad más uno de los ayuntamientos de la entidad, trámite que quedará satisfecho los días próximos. El asunto se destrabó en el Legislativo gracias a un proyecto de reforma -firmado por el gobernador Marco Mena- que puso fin a las dubitaciones de los diputados en torno a un procedimiento que no podía ser más simple: sin alterar su espíritu original, estaban en la obligación de adecuar una ley federal a la norma constitucional de la entidad. La tarea parecía estar al alcance de los legisladores. 

 Visión dinosáurica

  Sin embargo, fieles a las enseñanzas de sus mayores, los legisladores Enrique Padilla Sánchez y Mariano González Aguirre buscaron limitar los alcances de la reforma. Y en cumplimiento de lo que piensan que es su misión, empezaron por bautizarla con el pueril y eufemístico título de Sistema de Ética e Integridad Pública del Estado de Tlaxcala. Los entiendo; ambos actúan atendiendo a un reflejo condicionado característico de la clase política, según el cual, lo primordial y más importante es proteger los intereses de los grupos de poder a los que sirven.

Aviso a tiempo

 Tanto el diputado que posee experiencia -Padilla Sánchez- como el parlamentario bisoño -González Aguirre- no han sabido leer el mensaje implícito en el curriculum vitae del político a cuyo cargo está hoy la conducción de Tlaxcala. Les convendría prestar atención a las palabras que pronunció Marco Mena en el aniversario luctuoso de Emilio Sánchez Piedras cuando dijo que estamos “…ante el agotamiento de viejos modelos…”. En buena lógica, de esa apreciación se sigue que los cuadros que se oponen a la adopción de patrones de conducta acordes a la época en que vivimos no tendrán cabida en el proyecto de Mena. A mi entender, el gobernador no aludía en su dicho a la edad biológica de los protagonistas de la política, sino a la que mentalmente tienen quienes, con independencia de la generación a la que pertenecen, se obstinan en cerrarse a cualquier posibilidad de cambio.

Paciencia y cautela

  En la conmemoración del fallecimiento de Sánchez Piedras, el mandatario reveló que vivimos “…una transición retadora…”. El concepto de transición, amigo lector, supone dejar atrás un estado de cosas -viejo, disfuncional y superado- para inaugurar otro -nuevo, estimulante y promisorio- que, ciertamente, no está exento de riesgos. A ese puerto quiere llevar Mena a Tlaxcala; sabe que, para conseguirlo, tiene que ir arrojando por la borda el lastre heredado que frena la velocidad de la nave que pilotea. Mas como no quiere ni le conviene enfrentarse al pasado, debe proceder con prudencia. Dejar en tierra a la marinería que le dejó su antecesor es labor delicada, y consumarla le está llevando un tiempo que, a muchos observadores, ya les parece excesivo. No obstante y dígase lo que se diga, esa es la mejor estrategia para hacerse del control completo del puente de mando. No hay otra.

MI apuesta personal

 Mantengo mi inicial confianza de que, con Mena, se registrará en la entidad una alternancia sin cambio de filiación partidista; será -según yo- una mutación política de fondo, no de colores y emblemas. Las anteriores que hemos conocidos en Tlaxcala fueron falsas, ramas enfermas del mismo añoso árbol, como tantas veces y con acierto lo ha escrito Raúl Jiménez Guillén. Con franqueza, no entendería que fuera de otra forma o, para hablar más claro, me sería difícil aceptar que Mena gobernará de manera similar a como lo hicieron aquellos que aprendieron el abc de la política respirando las miasmas que desprenden las azolvadas alcantarilladas priístas. Si así lo hiciera, no sería congruente con las enseñanzas apuradas en las instituciones donde estudió, con la filosofía de quienes fueron sus mentores, ni con la que ha sido su impecable trayectoria profesional.

El momento del arranque

  No ha de olvidarse, sin embargo, que para llegar al cargo que ocupa, Marco Mena asumió deudas. Negarlas sería suicida. Tendrá pues que pagar facturas para que, una vez saldadas, quede en condición de hacer un gobierno diferente en esencia al de sus inmediatos predecesores. Liberado de compromisos, podrá poner en marcha políticas que concuerden con su visión de lo que hoy le hace falta a Tlaxcala. El punto de partida es el Plan Estatal de Desarrollo que anunciará en un par de días. En él, Mena dará a conocer la hoja de ruta de lo que será su gestión. Y lo hará, ahora sí, con total conocimiento de la estructura administrativa sobre la que sustentará sus programas y tras haber valuado las capacidades de sus principales colaboradores. Así, apretadas las tuercas flojas y sustituidas las piezas inservibles, la maquinaria gubernamental iniciará su marcha en una nueva dirección.

Los aliados naturales

  Mas que del apoyo que pudiera provenir de unos partidos políticos, hundidos en el desprestigio y alejados de la gente, el gobernador requiere del respaldo de una sociedad descreída cuya confianza tiene que conquistar con acciones concretas. Pero hete aquí, amigo lector, que las circunstancias por las que atraviesa política y socialmente el país lo han puesto frente a un asunto que, a querer o no, servirá para poner a prueba su talante democrático. Me refiero, claro, al Sistema Estatal Anticorrupción que, como lo referí renglones arriba, ya ha sido incorporado a nuestra constitución. Los pasos legislativos que siguen son cruciales y, de la forma como se desahoguen, va a depender que no se frustre la funcionalidad de ese esquema por el que ha pugnado una ciudadanía harta de soportar que los delitos de sus gobernantes permanezcan siempre impunes. En buena medida, de él depende.

Vigilancia ciudadana

   La reforma sería inoperante sin el conjunto de leyes reglamentarias que la complementan. Vale sin embargo resaltar un hecho: a favor de los ciudadanos obra el mandato constitucional para que la adaptación que cada entidad federativa haga a las leyes federales de referencia esté sujeta, por una parte, a un cronograma preestablecido y, por otra, a que no se desvirtúe la intencionalidad con que fueron originalmente redactadas, so pena de incurrir en faltas reclamables por vía de una simple acción de inconstitucionalidad. Mas si por lo antes dicho en efecto se hace difícil la introducción de elementos que alteren el propósito central de la reforma, si hay en cambio varias fases del proceso legislativo pendiente en las que es posible que el control del Sistema Estatal le sea arrebatado a los ciudadanos para volver a ponerlo al servicio de los oscuros intereses del oficialismo corrupto.

Estructura del Sistema

  Hay varias figuras claves en este proceso cuyas funciones están precisadas en las leyes federales, pero cuya definición está pendiente pues debe concretarse en cada una de las entidades federativas. Las enumero: 1) Una Comisión Seleccionadora, compuesta por nueve miembros de la sociedad civil que, en el caso federal, fueron elegidos por el Senado de la República, y en Tlaxcala, lo serán por el Congreso local; 2) Un Comité de Participación Ciudadana, integrado por cinco personas, ajenas al gobierno y a los partidos, conocedores de la materia y reconocidos por su buena fama pública, los cuales serán elegidos por la antes citada Comisión Seleccionadora; 3) Un Secretario Técnico, a cuyo cargo estará el conocer e informar de las actividades que desarrollen en sus respectivos espacios los entes del Estado vinculados al tema y, 4) Un Comité Coordinador, en el que estarán representados el Órgano de Fiscalización Superior; la Contraloría del Ejecutivo; la Fiscalía Anticorrupción -cuyo titular aún no se nombra-; el Tribunal de Justicia Administrativa; el Instituto de Acceso a la Administración Pública y, finalmente, la Judicatura del Estado, todos presididos por quien a su vez presida el Comité de Participación Ciudadana.   

Conclusión

  No parece necesario advertir que la sociedad está ante la ocasión nunca antes conocida de intervenir decisivamente en los asuntos que conciernen a la lucha contra la corrupción. Para hacer efectiva esa expectativa sólo requerimos de ciudadanos probos, y de un gobierno democrático que vea en esta nueva instancia un coadyuvante sereno y equilibrado, y no un adversario revanchista y compulso. Sin desdeñar juzgar el reciente pasado, de lo que se trata fundamentalmente es de construir y de mirar hacia delante.

 

ANTENA ESTATAL

Inquietudes convergentes

 Ya se están dando los primeros encuentros entre organizaciones civiles, gremios empresariales, agrupaciones de mujeres y agrupaciones de índole diversa. El tema anticorrupción es inquietud que comparte un sin número de ciudadanos; sólo es cuestión de ponerse de acuerdo para evitar que se tergiverse la idea original que alienta esta lucha, que fue la que dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción. Una tarea a la que vale la pena sumarse.

 

 

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