En política suele afirmarse que los silencios pesan más que los discursos, y que la negativa a actuar, suele decir más que cualquier explicación. Esto encaja perfecto con el maremoto político iniciado en Sinaloa, que ha colocado un elefante en medio de la sala del régimen político actual, que insiste en rodear e ignorar, minimizando una duda razonable que se está instalando más allá de la comentocracia, y es la posibilidad de que una parte del poder político haya convivido, tolerado e incluso protegido estructuras criminales.
La reciente entrega —pactada o no— ante autoridades de Estados Unidos de exfuncionarios clave del gobierno sinaloense, particularmente quienes ocuparon áreas tan delicadas como seguridad y finanzas, cambió la naturaleza del debate, que transitó de la narrativa de que todo se reduce a ataques de la oposición, conspiraciones externas, señalamientos periodísticos, o de una acusación de una pequeña oficina en Nueva York; para convertirse en una jugada de jaque mate dentro del tablero político.
La presidenta ha insistido en reclamar pruebas, cuestionando la legitimidad de actuar contra personajes públicos sin evidencia contundente; ello a simple vista y en abstracto, parece un argumento razonable porque ningún Estado democrático debe condenar sin debido proceso. Sin embargo, el argumento de la no actuación del gobierno por la falta de pruebas, pruebas y más pruebas reclamadas desde las mañaneras, se ve comprometido no solo política sino jurídicamente también, porque nadie se somete voluntariamente a la jurisdicción penal estadounidense —una de las más severas del mundo en materia de delincuencia organizada— sin una expectativa de negociación, cooperación procesal o reducción de responsabilidades, a cambio de informar y entregar pruebas de lo que sabe, escuchó e hizo. Dicho de otra manera, no equivale automáticamente a una confesión, pero sí vuelve cada vez más difícil sostener que todo era una ficción inventada por adversarios.
Lo más increíble que raya en lo inverosímil, es que Morena ha decidido actuar bajo la lógica de cerrar filas; porque en lugar de exigir investigaciones exhaustivas y castigos contundentes, buena parte del oficialismo ha optado por la defensa automática. Esto significa que la prioridad no es esclarecer, sino resistir políticamente para contener posibles daños electorales, como un reflejo del viejo régimen del PRI-gobierno, que actuaba bajo lógicas de partido.
Lo paradójico es que Morena llegó al poder prometiendo exactamente lo contrario, no olvidemos que, durante años, edificó una narrativa moral basada en que no eran “los de antes”, decían que el PRI encubría, el PAN pactaba y protegían a sus cuadros cuestionados. Hoy, frente al caso Sinaloa, la reacción es exactamente la misma de aquello que tanto criticaron y juraron combatir.
Es así, que el verdadero elefante en la sala Morenista va más allá de los funcionarios sinaloenses señalados por el gobierno americano, el tema de fondo es qué tan lejos llegó la contaminación institucional, que tan profundos son los lazos de los cárteles con los líderes morenistas de más alto nivel, que tan alto en la jerarquía partidista escaló esta podredumbre.
Lo que nos lleva al señalamiento de “narcopartido”, que algunas veces es utilizado como arma propagandística en el marco del debate público mexicano, donde con frecuencia se lanza con ligereza. Pero en la ciencia política y en los estudios sobre criminalidad organizada existe una diferencia importante entre un partido infiltrado episódicamente por actores criminales y uno que desarrolla patrones sistemáticos de tolerancia, protección o dependencia respecto de estructuras delictivas. El concepto se vuelve políticamente válido cuando los vínculos dejan de ser casos aislados y comienzan a observarse regularidades: candidaturas protegidas pese a antecedentes cuestionables, autoridades reiteradamente señaladas, financiamiento criminal, omisiones institucionales persistentes, defensas corporativas frente a investigaciones graves, hasta el secuestro de operadores políticos, amenazas en las casillas, todo para favorecer a un grupo político. Es decir, no basta la conducta de un militante para etiquetar a todo un partido; pero tampoco puede descartarse la discusión cuando las señales se acumulan hasta formar un patrón reconocible.
Es ahí donde radica el problema con Morena, que está normalizando una convivencia peligrosamente ambigua con personajes bajo sospecha. Sin lugar a duda están metidos en un gran embrollo, ya que, al encubrir políticamente a sus cuadros más embarrados en este lodazal, están trazando una peligrosa ruta de impunidad permitida, de culpabilidad políticamente tolerada. Al final del día, el elefante ya se les instaló en la sala.
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