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Durante años, el discurso oficial en Tlaxcala ha insistido en una narrativa de tranquilidad y estabilidad en materia de seguridad. La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y buena parte de su gabinete han sostenido que la entidad permanece ajena a los niveles de violencia y penetración criminal que padecen otros estados del país. Sin embargo, la realidad comienza a desmentir, una y otra vez, esa versión cómoda y políticamente conveniente.
Negar la presencia del crimen organizado en Tlaxcala ya no es una postura ingenua: empieza a parecer una estrategia deliberada de evasión. Reportes nacionales e internacionales llevan tiempo advirtiendo movimientos de organizaciones criminales en la entidad, particularmente en corredores estratégicos de la zona centro del país. Aun así, desde el gobierno estatal se ha preferido minimizar los hechos, relativizarlos o simplemente guardar silencio.
El operativo realizado el pasado fin de semana en los municipios de Apizaco y Yauhquemehcan vuelve a colocar el tema sobre la mesa. No se trató de una acción menor ni aislada. Participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, el Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional. El saldo fue la detención de siete personas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Las fuerzas federales desplegaron un operativo de tal magnitud y no lo hicieron por rumores de café ni por percepciones exageradas de la oposición. Lo hicieron porque existen investigaciones, inteligencia y elementos suficientes para actuar. Y no es un caso único.
Ahí está también el desmantelamiento de, al menos, un par de laboratorios de fentanilo en Tlaxco. Un hecho gravísimo que, por sí mismo, debería haber encendido todas las alertas institucionales. La explicación implícita fue todavía más preocupante: que las autoridades municipales y estatales supuestamente desconocían lo que ocurría.
La detención de José Alberto N, alias “El Paletas”, en septiembre de 2024, terminó de romper la narrativa de que Tlaxcala permanece blindado frente al crimen organizado. No se trata únicamente de un personaje señalado por presuntos vínculos con estructuras criminales y narcotráfico. Un juez federal le dictó auto de formal prisión por delincuencia organizada y las investigaciones lo ubican como operador de una organización con presencia en Quintana Roo.
El problema dejó de ser exclusivamente judicial para convertirse en político, pues “El Paletas” era esposo de la diputada local Lorena Ruiz García. Más allá de la relación personal, lo verdaderamente incómodo para el grupo gobernante son las fotografías públicas donde aparece conviviendo con personajes centrales del actual poder político en Tlaxcala.
Entre ellos, el alcalde capitalino Alfonso Sánchez García, quien aspira a convertirse en el candidato de Morena rumbo a la sucesión gubernamental. También existen imágenes con la propia gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y con la dirigente estatal de Morena, Marcela González Castillo.
Por supuesto, una fotografía no constituye prueba de delito. Pero en política la cercanía importa. Las relaciones importan. Y las explicaciones también.
Más aún cuando desde el propio Morena se empieza a reconocer el tamaño del problema. La secretaria nacional del partido, Citlali Hernández, ha advertido que el movimiento buscará blindar las candidaturas de 2027 para evitar vínculos con la delincuencia organizada. Habrá revisión de antecedentes, consultas con fiscalías y evaluación política de perfiles. Ese anuncio, en el fondo, es el reconocimiento implícito de un riesgo real.
Por eso resulta insostenible seguir actuando como si Tlaxcala estuviera al margen de lo que ocurre en el país. La infiltración criminal no comienza cuando aparecen convoyes armados circulando a plena luz del día. Empieza mucho antes: con redes de protección, silencios políticos, omisiones institucionales y relaciones peligrosamente normalizadas.
El grupo político que hoy gobierna Tlaxcala enfrenta un dilema complejo. No sólo debe responder por los resultados de seguridad de su administración; también tendrá que demostrar que sus aspirantes y operadores están libres de cualquier sombra de complicidad o cercanía inconveniente.
La apuesta de imponer candidaturas ya es complicada en términos políticos. Pero hacerlo en medio de sospechas, fotografías incómodas y un contexto creciente de presencia criminal puede convertirse en un costo demasiado alto, incluso para un aparato gubernamental acostumbrado al control político y mediático. La peor decisión en este momento sería seguir negando la realidad.