La negativa de Cuéllar a renunciar ignora precedentes de represión, derechos constitucionales y erosiona la legitimidad democrática en Tlaxcala.
El marco legal contradice la postura de Lorena Cuéllar: en México, los gobernadores sí pueden renunciar o ser removidos bajo causales legales. La Constitución federal y la de Tlaxcala contemplan licencias, juicios políticos y separación del cargo por causas graves. Existen precedentes claros, como la dimisión de Fausto Vallejo en 2014. Negar esta posibilidad no es institucionalidad, sino una interpretación política que evade la rendición de cuentas.
La declaración de la gobernadora —“los gobernadores no renuncian”— revela más que firmeza: exhibe una preocupante desconexión con la historia reciente de los conflictos sociales en México y con el marco legal que regula el uso del poder público.
El desalojo de campesinos en Nanacamilpa no fue un hecho menor. Testimonios documentan uso de gases lacrimógenos, fuerza física y detenciones arbitrarias durante una protesta vinculada a demandas agrarias legítimas. Aunque el gobierno estatal sostiene que actuó con “uso gradual de la fuerza”, la contradicción entre versiones oficiales y denuncias revive patrones históricos de represión.
Casos como el de Atenco 2006 muestran que la negativa a asumir responsabilidad política suele escalar conflictos en lugar de resolverlos. En distintos estados, la exigencia de renuncias ha surgido cuando la ciudadanía percibe abuso de poder.
Desde el punto de vista legal, la Constitución mexicana protege el derecho a la manifestación y obliga a las autoridades a privilegiar el diálogo. El uso de la fuerza debe ser excepcional, proporcional y justificado, estándares que, según los testimonios, podrían no haberse cumplido.
Negarse siquiera a considerar la renuncia no es institucionalidad: es cerrazón. En democracia, gobernar implica rendir cuentas. Cuando la respuesta a la protesta es la represión, la exigencia de dimisión no es radicalismo, sino un acto legítimo de control ciudadano.