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Miércoles, Julio 15, 2026
Cada año, cuando el Congreso del Estado se dispone a dictaminar las cuentas públicas, se repite el mismo ritual: cifras de “probable daño patrimonial”, observaciones pendientes de solventar y la promesa de que todo se evaluará con criterios estrictamente técnicos. El problema es que, revisando el historial reciente, esos criterios no siempre han producido resultados consistentes.
El ejemplo más claro ocurrió apenas en agosto de 2025, cuando el Congreso aprobó 32 cuentas públicas del ejercicio fiscal 2024, entre ellas la del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, que por sí sola concentraba un probable daño patrimonial de 22 millones 246 mil pesos. El paquete completo sumó más de 38 millones de pesos en observaciones e irregularidades entre los 32 entes revisados. Y aun con montos de esa magnitud, ninguna cuenta fue reprobada.
Ese precedente cobra relevancia ahora que el Congreso dictaminará las cuentas del ejercicio 2025 bajo criterios más estrictos: el umbral máximo de tolerancia al probable daño patrimonial bajó de 2.99% a 1.49% del gasto devengado, un cambio aprobado apenas días antes de iniciar el proceso. Esto significa que montos que en 2024 habrían permitido aprobar una cuenta, en 2025 podrían ser suficientes para reprobarla.
En este contexto, la atención política se ha centrado especialmente en los municipios gobernados por los presidentes estatales del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pues diversos actores consideran que las revisiones podrían convertirse en un mecanismo de presión política hacia quienes hoy encabezan esas fuerzas partidistas. Esa percepción ha generado cuestionamientos sobre si los nuevos criterios se aplicarán de manera uniforme o si existirán diferencias en función del contexto político de cada gobierno municipal.
La pregunta no es si existen observaciones que aclarar —prácticamente ningún ente fiscalizable en Tlaxcala está exento de ellas—. La pregunta es si el rasero con el que se midió a una dependencia estatal en 2024 será el mismo que se aplique a los distintos municipios del estado en 2025, sin importar el color político de quien los gobierna. Si las reglas cambiaron a mitad del partido, la ciudadanía tiene derecho a exigir que se expliquen con transparencia los motivos y los efectos de ese cambio.
La fiscalización solo cumple su propósito cuando es técnica, predecible y pareja. Si los criterios terminan aplicándose de forma distinta según el actor político involucrado, la percepción de que las auditorías pueden utilizarse para ejercer presión sobre determinados gobiernos municipales —como hoy se señala respecto de los encabezados por los dirigentes estatales del PT y del PVEM— debilita la confianza ciudadana en las instituciones. La mejor forma de disipar cualquier duda es que la ley se aplique con el mismo rigor para todos, sin excepciones ni distingos políticos.