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En Tlaxcala, la muy cuestionada dirigente estatal de Morena, Marcela González Castillo, parece empeñada en utilizar a su partido como una escalera para acumular posiciones. Después de meses de mantenerse en el centro de la polémica, ahora busca que la dirigencia nacional de su partido le pague caro su permanencia al frente del Comité Ejecutivo Estatal.
Su gestión ha estado marcada por los señalamientos de una parte importante de la militancia morenista, que le reprocha haber puesto la estructura partidista al servicio de las aspiraciones políticas de su esposo, el hoy alcalde con licencia de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García. En lugar de garantizar imparcialidad y fortalecer la vida interna del partido, terminó alimentando la percepción de que Morena en Tlaxcala funcionó más como un instrumento de promoción personal que como una organización política al servicio de sus militantes.
La contradicción es todavía mayor porque presentó una renuncia con carácter de irrevocable a la dirigencia estatal, pero continúa ocupando el cargo bajo el argumento de que espera la emisión de la convocatoria para renovar la presidencia. Mientras tanto, el partido permanece prácticamente inmóvil, sin una conducción política sólida y sin capacidad para preparar los retos que se aproximan. El interés personal parece imponerse sobre las necesidades de una organización que debería privilegiar la institucionalidad.
En la actual coyuntura política que vive nuestro estado, comienza a entenderse el motivo de esa prolongada permanencia. A pocas semanas de que inicien las definiciones rumbo a las candidaturas para diversos cargos de elección popular, particularmente las diputaciones federales, Marcela González Castillo está buscando cobrar la factura. Su apuesta es obtener una candidatura que le permita dar el siguiente paso en su carrera política, como recompensa por los servicios prestados durante los últimos años.
No son pocos quienes la identifican como parte de la élite política que hoy concentra el poder en Tlaxcala. Durante el proceso interno de Morena ha sido señalada por operar políticamente en favor del proyecto de su esposo y, según diversas denuncias de actores políticos, por contribuir a movilizaciones en las que participaron trabajadores de los tres poderes del estado, organismos autónomos y ayuntamientos. Ese papel, afirman sus críticos, la convirtió en una de las principales operadoras del grupo político encabezado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.
El problema de fondo trasciende una candidatura. Lo que está en juego es si Morena permitirá que continúe reproduciéndose una forma de hacer política que durante décadas caracterizó al viejo régimen. Resulta paradójico que quienes prometieron desterrar los privilegios y combatir el uso patrimonial del poder hoy pretendan perpetuar a los mismos grupos que, con distintos colores partidistas, han ocupado los espacios de decisión en Tlaxcala. Cambian las siglas, pero las prácticas parecen resistirse al cambio.
Si la dirigencia nacional decide concederle una diputación federal, el mensaje será claro: la lealtad a las élites locales vale más que el reclamo de la militancia. Y una vez instalada en San Lázaro, nadie debería sorprenderse si el siguiente objetivo es construir una candidatura al Senado en 2030 para, posteriormente, intentar competir por la gubernatura en 2033. La ruta parece estar trazada desde ahora.
La decisión, finalmente, no corresponde a Tlaxcala, sino a la dirigencia nacional de Morena. Ahí tendrán que definir si respaldan la continuidad de una clase política ampliamente cuestionada o si escuchan el reclamo de una militancia que exige congruencia con los principios que dieron origen al movimiento. Si Morena aspira a conservar la confianza ciudadana, difícilmente podrá hacerlo premiando precisamente aquello que prometió transformar.