Política
Denuncia al gobierno estatal por obligar a trabajadores a cuestiones electorales
Convierten la Secretaría de Medio Ambiente en maquinaria electoral ilegal
Luis Catillo
Jueves, Abril 2, 2026
Tlaxcala vive uno de los episodios más vergonzosos de abuso de poder de los últimos años. Las autoridades a través del secretario de Medio Ambiente, Pedro Aquino Alvarado y el director Arturo de Casa Vega, han convertido la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala en un burdo instrumento de campaña a favor de Alfonso Sánchez García, aspirante a la gubernatura.
Según una denuncia ciudadana que ya circula en redes y medios locales, todo el personal de la dependencia —desde oficinistas hasta brigadistas de campo— está siendo obligado a recorrer los 60 municipios del estado para realizar “encuestas” que no son más que propaganda disfrazada. La orden es clara y cínica: no identificarse como empleados públicos, sino como trabajadores de una “empresa privada”. El objetivo: inflar la imagen de Sánchez García y allanarle el camino a la candidatura, cueste lo que cueste.
Lo más grave es el método: amenazas de despido inmediato para quien se niegue. La gobernadora Cuéllar, según la denuncia, ha sido explícita: “o haces la encuesta o te vas a la calle”. Así se maneja el gobierno morenista en Tlaxcala: con miedo y extorsión laboral. Mientras tanto, Arturo de Casa Vega no solo dirige esta operación oscura, sino que ya se perfila como candidato a presidente municipal de Chiautempan, cerrando el círculo de la ambición desmedida.
Este no es un caso aislado de “entusiasmo partidista”. Es un delito electoral en toda regla: uso indebido de recursos públicos, coacción a servidores públicos y violación flagrante de la neutralidad que debe guardar el gobierno. La Secretaría de Medio Ambiente, que debería proteger bosques, agua y medio ambiente, hoy es una oficina de campaña pagada con dinero de todos los tlaxcaltecas.
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La ciudadanía exige investigación inmediata de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y de la Contraloría del Estado. Porque si esto queda impune, Tlaxcala no solo perderá su dignidad institucional: perderá la poca confianza que le quedaba a sus instituciones.